Redacción MX Político.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), llevó a cabo el Primer Proceso de Incineración de Narcóticos 2022.

La destrucción de estupefacientes tuvo lugar en el Campo Militar Número 37-A, en el municipio de San Juan Teotihuacán, donde fueron incineradas aproximadamente 63 mil 613.601 dosis de sustancias como cannabis, cocaína o metanfetaminas, mismas que forman parte de los indicios de 54 averiguaciones previas y 440 carpetas de investigación.

Respecto a las carpetas de investigación, se incineraron 42 mil 923.131 dosis de cannabis, seis mil 558.600 de cocaína, 528.400 de metanfetaminas y 241.250 de otros estupefacientes, lo que equivale a un total de 50 mil 251.381 dosis.

En lo que se refiere a las averiguaciones previas, 11 mil 490.721 dosis corresponden a cannabis, mil 754.500 a cocaína, 50 a metanfetaminas y 67 a otro tipo de estupefacientes, lo que equivale a un total de 13 mil 362.220 dosis.

En representación de Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración, señaló que la presencia de droga en la capital representa una amenaza, por lo que su aseguramiento, en conjunto con la SSCCDMX, la SEDENA, la SEMAR y la GN, así como su destrucción, debilita las operaciones de distribución y en consecuencia se reduce su consumo.

Agregó que el problema del tráfico de droga desencadena otras conductas delictivas como corrupción, homicidios, trata de personas, tráfico de armas, secuestro, extorsión, entre otras.

Es por eso, dijo, que la FGJCDMX reitera su compromiso con las y los habitantes de la capital, de continuar su trabajo en el fortalecimiento de procuración de justicia en coordinación con instancias federales y locales.

Ángeles Gómez destacó que la incineración de narcótico representa el compromiso de agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, así como todas y todos los servidores públicos que trabajan bajo los principios de autonomía, legalidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y honradez, en apego al respeto de los derechos humanos.

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