Redacción, MX Político.-  Funcionarios del Registro Civil de Oaxaca dieron por muertos a más de mil comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos a 22 habitantes que actualmente se encuentran vivos, lo que provocó la pérdida de sus derechos como personas y derecho a la tierra, denunció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).

El abogado y defensor explicó que un grupo de personas, supuestos representantes de la comunidad agraria de Santo Domingo Ixcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria (PA), desarrolló una asamblea el 12 de agosto de 2018, cuando decidieron separar a mil 013 comuneros del padrón.

De ahí que funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Registro Civil dieron por fallecidos a más de mil comuneros, entre ellos están 22 habitantes beneficiarios con medidas cautelares, para que pierdan sus derechos como personas y derechos a la tierra, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes.

Según Excelsior, jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil, Daniel Víctor Merlín Tolentino, recibió, avaló y cumplió el oficio DRC/UJ/699/2018, relativo al  acta de asamblea.

Acto seguido, el RAN también validó el acta de asamblea de la supuesta representación de bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán, el 7 de septiembre de ese mismo año, violentando así a los comuneros de ese núcleo agrario.

Santiago Reyes destacó que los funcionarios del Registro Civil y RAN dieron por muertos a los mil 013 comuneros por orden de la familia caciquil de la región, señalada del triple homicidio sucedido en Santo Domingo Ixcatlán, el 30 de abril del 2008.

Resaltó que a los comuneros vivos se les violenta su derecho al nombre, a la propiedad, al derecho a la protección de la dignidad, al derecho a la identidad y otros más de la Convención Americana de Derechos Humanos, al ser considerados como personas fallecidas.

Por lo anterior, el representante legal de los agraviados y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar estos hechos y sancionar a los funcionarios responsables.

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