Redacción MX Político.- Ojo con el actuar del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, pues desestimó la apelación de la firma minera San Pedro Resources, en torno al expediente 106/2020, una decisión que podría acabar con la fuente de empleo de más de 80 familias dependientes de la operación de la mina La Antigua, instalada en el municipio de Miguel Auza, en Zacatecas, que gobernará David Monreal.

El magistrado Francisco Saldaña Arrambide no se arriesgó a revisar las declaraciones y alegaciones en la parte principal del caso que data desde 2006, cuando la compañía minera celebró un contrato con el dueño de la concesión de la mina, Javier Martínez Lomas, en donde a éste se le pagarían 2 mil 500 dólares norteamericanos mensualmente o una regalía del 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación, más una opción de compra definitiva de la concesión por la cantidad de 500 mil dólares norteamericanos.

El problema es que La Antigua, desde diciembre de 2008, se encuentra fuera de operaciones y bajo cuidado y mantenimiento, ya que desde entonces no ha sido rentable su explotación. No obstante, San Pedro ha intentado desde entonces hacerle llegar al ex dueño concesionario el pago de la regalía pactada considerando que no ha habido explotación de la mina, pero en cambio, éste demandó a la compañía.

Las autoridades judiciales locales, específicamente el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, determinaron, por supuestos daños y perjuicios, una multa de más de 23 millones de dólares norteamericanos, lo cual sorprendió a propios y extraños, ya que en el mundo no hay precedente de una condena que pueda ser mayor que el monto pactado como precio para adquirir la concesión de la mina, es decir, ¿cómo determinó la autoridad una multa de 23 MDD cuando la compra definitiva de la concesión estaba estipulada en 500 mil dólares?

A no ser que haya un acto de corrupción en el proceso, en el cual se beneficiarían el demandante y sus abogados, lo anterior va en contra de lo que ha expresado abiertamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy claro en que su gobierno respetará la operación de las concesiones mineras existentes, además que, en el Poder Judicial, los jueces deben estar al servicio del pueblo y no de intereses particulares.

La esperanza quedaba en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, sin embargo, al ni siquiera entrar al estudio de los argumentos de fondo que se hicieron valer, la empresa afectada y su operación, lo más seguro entrará en quiebre, y cerrará y, por ende, ocurriría el consecuente despido de todos sus colaboradores y contratistas, sin mencionar toda la derrama económica que se retiraría de la región de Miguel Auza, demarcación que gobernará el morenista Armando Perales.

Golpe a finanzas del IMSS

Para nadie es un secreto que la pandemia también ha dejado lastimadas las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que comanda Zoé Robledo. Su último informe al Ejecutivo y Congreso de la Unión reconoció que aún, cuando su gasto en 2020 ascendió a 538 mil 327 millones de pesos, sus ingresos solo fueron de 518 mil 950 millones de pesos.

Así, con resultados desfavorables por 19 mil 377 millones de pesos, la caída se explica en la numerosa pérdida de empleos y con ello el desplome en la captación de cuotas obrero-patronales. Pero ¿qué sucede con aquellos empleadores que persisten sin inscribir a sus colaboradores en el organismo?

La respuesta está en manos de la directora General de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, quien en esta ocasión recibió una solicitud y pruebas de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL), para investigar a Joad Limpieza y Servicios por dejar de afiliar al menos a mil 400 afanadores que no figuran en sus listados. La firma supuestamente entrelazada con Jorge Sanromán debe prestar servicios pagados con recursos federales por 130 millones de pesos, para los que requiere 3 mil elementos, pero en su registro patronal solo tiene a mil 605.

Reactivación de Mipymes

A unos meses de que el organismo NYCE de Carlos Pérez, y el Consejo Regulador de Industrias y Establecimientos Mercantiles (CRIEM), de la mano de su CEO Hugo Ceballos, iniciaran el esquema de certificación Safe Trade Management (STM), para eliminar los actos de corrupción en contra de los emprendedores a nivel nacional, este día (12 de julio) se sumará a éste la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (Sedeco) comandada por Fadlala Akabani Hneide.

Lo anterior con el objetivo de apoyar en la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pues derivado de la pandemia por Covid-19, se estima que en nuestro país han cerrado hasta 1 millón por lo que, el STM será una herramienta de acción inmediata para que repunten. Cabe resaltar que dicha certificación está alineada con las regulaciones aplicables, en los diferentes niveles de gobierno.

Nuevas tecnologías

El segundo “Encuentro de negocios: Maquinaria y Equipo”, de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, se realizará de manera virtual el 20 de julio. Se contemplan temas sobre innovación tecnológica y tendencias de mercado, que son clave para el sector de maquinaria y equipo, además de abordar las perspectivas económicas y escenario post Covid-19, así como la automatización de procesos industriales en el sector – industria 4.0, entre otros.

Aquí los participantes podrán establecer contacto con empresas que se dedican a la transformación y a su vez éstas tendrán un espacio para promocionar sus productos y enriquecer su cartera de clientes. El evento es patrocinado por Braskem Idesa, Iberdrola México, Polnac, MHolland, BYK, Citrulsa y Polymat.

Por: Georgina Howard Sánchez
ghowardsanchez@yahoo.com.mx

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