Redacción MX Político.- En su artículo semanal publicado este último sábado, el gran historiador coahuilense don Rodolfo Villarreal Ríos revive las palabras del doctor José María Luis Mora, a quien él mismo califica como “pilar fundamental del Liberalismo Mexicano”

Mora calificaba ya desde el siglo XIX a la milicia como “la segunda clase privilegiada” y que ““nada parece más natural al militar mexicano que sublevarse contra una Constitución y deponer a un gobierno que trata de someter la clase a que pertenece, ya sea sujetándola a las leyes que le son peculiares, o ya sea reformando éstas en todo o en parte…

“… los hombres de esta clase se creen con derecho exclusivo o a lo menos preferente, a ocupar todos los puestos públicos y a consumir las rentas nacionales.”

Y acota Villarreal Ríos: “A no dudarlo, esa fue la actitud prevaleciente durante el siglo XIX y ya vimos cómo nos fue.”

Y el escribidor bien podría agregar que peor nos puede ir ya en pleno siglo XXI.

Porque, aunque no todos los militares de nuestro tiempo están de acuerdo con la reforma anticonstitucional a la legislación que se discute desde este lunes en el Senado de la República  –luego de que en la Cámara de Diputados fue aprobada por la acrítica mayoría del Movimiento de AMLO y por la menguada y chantajeada minoría priísta– la extendida permanencia de soldados y marinos en las calles en la disminuida calidad de cuicos o policías viola flagrantemente el texto vigente de la Carta Magna en cuando menos media docena de sus artículos.

Y ni qué decir de la actuación del propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que, en esta materia, hace caso omiso de un artículo constitucional.

Violaciones que también se observaron en el controversial discurso del general de cuatro estrellas Luis Crescencio Sandoval, mismo que seguramente refleja su pensamiento y da razón a su muy discutible actuación al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sandoval desconoce derechos humanos y garantías

AMLO, quien tiene como dogma desobedecer las normas –“y no me salgan con que la ley es la ley”, espetó en alguna de sus matinés palaciegas no hace mucho– violentó el 89 constitucional que en ninguna de sus 20 fracciones lo faculta para hacer caso omiso de lo que expresamente señala la propia Carta Magna.

En el mismo sentido, el Congreso de la Unión ha violado completita la Sección Tercera de la Constitución –artículos del 73 al 78–, en donde se señalan puntualmente cuáles son sus facultades y obligaciones. Ninguna de ellas le confiere las atribuciones ni las licencias que se han dado en estos días de pisotear por el texto aprobado, desde 1917, por el Constituyente Permanente.

Lo mismo ha hecho en su muy criticada alocución el general secretario de la Defensa Nacional con su muy criticado discurso del martes 13 de septiembre que –si él fuese supersticioso– le resultó de muy mal fario. Y es que ¿acaso se le olvidó a Sandoval que la Constitución en sus primeros 29 artículos consagra los derechos humanos y las garantías individuales, muy en especial el 6°, que habla de la libre manifestación de las ideas…

…  el 7° sobre la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio

… y de que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión…

… el 8°, que lo obliga a respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa…

… el 9°, que le impide coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito…

¡Uf, mi general, se pasó usted a la Constitución por allá abajo del cinturón!

Pero, veamos ahora la actuación de la Guardia Nacional, estimado lector, que anticonstitucionalmente fue asimilada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Militarizada ya, porque AMLO se equivocó, según ha confesado, sobre sus anteriores apreciaciones del papel de las Fuerzas Armadas fuera de sus cuarteles.

El 21 constitucional apunta que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Y aquí la pregunta es si ¿la GN sustituye ya al Ministerio Público?

El 13 constitucional dispone que no deben existir tribunales especiales. Otra interrogante, entonces, ¿goza este cuerpo ya militarizado de fueros especiales, también proscritos en la Carta Magna?

Y la mayor de las violaciones se da al 129 constitucional que, textualmente ordena: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.”

¿Para eso es que la 4T construye cuartes para la Guardia Nacional en todos los rincones de la geografía mexicana?

¿Estado de excepción?

¿Estado de guerra?

¿Contra quién o quiénes si, como nunca, la delincuencia organizada está blindada por la “política” presidencial de “abrazos y no balazos”?

Lo único que podrá poner fin a este oscuro panorama que nos acecha es que la SCJN siga al pie de la letra lo que le ordena el 29 constitucional:…

… “Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corta de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

¡Ojalá!

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