Redacción MX Político.- No hay mal que por bien no venga, reza el conocido refrán.

Y a nadie le queda mejor que a Delfina Gómez Álvarez.

Su partida de la Secretaría de Educación Pública será para beneficio de los educandos.

El mal se trasladará al Estado de México si es que sus ciudadanos deciden elegirla como su nueva gobernadora.

El paso de la profesora por la institución más importante del país, en donde se genera el primer contacto con la verdad, no la histórica que se escribe a modo, no la disfrazada de democracia y libertad, sino aquella que permite conocer las letras, los números, el dibujo, el garabato.

Para alcanzar la madurez años más tarde, se tiene que pasar por el tamiz del conocimiento primario. Hay que hacer mucha talacha para superar los grados de estudio.

Bueno, eso era en el pasado. La orden presidencial, a sugerencia de la que se va, fue: no reprobar a ningún estudiante de primaria.

Urgía sacarlos de las aulas. Con una educación deficiente que, en el futuro, traerá sus consecuencias.

Que Delfina Gómez se vaya de la SEP no es una pérdida.

Es la ganancia de la educación.

Claro, si alguien llega al cargo y tiene idea de la responsabilidad que representa para el país formar a los niños y adolescentes.

Si el nuevo o nueva tiene como “filosofía” seguir los pasos de la que sería su antecesora, entones sí estaremos, como país, en un verdadero problema.

Es responsabilidad del Estado, no del gobierno y eso no parece entenderlo el huésped temporal de Palacio Nacional, dotar de educación a todos, sin excepción.

Los primeros cuatro párrafos del artículo tercero, uno de los pilares de la Nación, señalan:

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y

será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Apegarse al texto constitucional y a la Ley General de Educación es obligatorio para cualquier funcionario, más, por supuesto, a quien lleva la responsabilidad de la educación obligatoria.

Es tiempo de que, ahora sí, el reloj de marcha atrás y se designe en el cargo, a una persona que tenga las cualidades, los conocimientos, la cultura y la sensibilidad de aquellos que como José Vasconcelos, Narciso Bassols, Ignacio García Téllez, Agustín Yáñez, Ezequiel Padilla Peñaloza, Félix Fulgencio Palavicini, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, Miguel González Avelar y Porfirio Muñoz Ledo, quienes le dieron brillo no solamente a la SEP sino al país, todo.

Claro, entre quienes ocuparon la cartera hay otras Delfinas y otros Delfines.

Su partida no representa una pérdida para la educación, sino una victoria.

Desde ya, los mexiquenses tienen otro problema por resolver. ¿Ser gobernados por un personaje sin criterio propio y sumisa ante el poder del Presidente o elegir a alguien que, con defectos y virtudes, los haga caminar hacia el futuro?

La decisión es de los ciudadanos del Estado de México.

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