Redacción Oaxaca Político / Zona Roja.- La paz social en San Martín Peras se ha visto interrumpida por conflictos políticos de forma interna y con comunidades vecinas que han derivado en la retención, agresiones armadas, físicas y privación de la vida de sus habitantes y autoridades.

Por más de un año, la comunidad mixteca, en diferentes grupos, también ha alzado la voz para exigir atención efectiva de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) a sus diversos problemas, sin que hasta ahora tengan resultados.

La crisis sobre la estabilidad en la población se agravó el pasado lunes con la retención del edil Román Juárez Cruz, desconocido por los habitantes y obligándolo a renunciar a su cargo ante la asamblea comunitaria el pasado miércoles por la noche.

La disputa por el control del municipio, regidos por Sistemas Normativos Internos (SIN) ha mantenido tensiones desde hace varios meses.

El último hecho está relacionado a señalamientos de actos de corrupción y desvío de recursos municipales por parte de Román Juárez Cruz, a quien exigen cuentas claras, pero principalmente dejar el cargo, sin que su renuncia haya significado su liberación.

Pues el pueblo determinó que lo liberarán hasta que el Congreso de Oaxaca de por hecho la destitución del edil, pero tampoco permitirán que se nombre un administrador, pues la comunidad está a favor de un Comité Municipal que genere las condiciones de seguridad para realizar el nombramiento de sus autoridades.

LAS CONFRONTACIONES

Durante el mes de noviembre, ciudadanos y autoridades municipales se enfrentaron en declaraciones sobre las funciones del presidente municipal Román Juárez Cruz.

A mediados de noviembre pasado, un grupo de habitantes denunció el presunto abandono de funciones de Juárez Cruz, por lo que exigieron en ese entonces que el congreso convocara a elecciones.

Los ciudadanos señalaron en conferencia de prensa, en aquella fecha, que la asamblea destituyó al regidor de educación, Braulio González Ortiz, y acto seguido, de forma voluntaria, renunció el presidente, quienes tampoco entregaron los sellos.

Días después, el 29 de noviembre, en conferencia de prensa en la capital del estado, otro grupo de habitantes negó que el presidente haya dejado el cargo, ni que haya desaparecido con los recursos de la comunidad.

Este grupo a favor de Juárez Cruz aseveró que las acusaciones de la otra parte provienen de partidos políticos y organizaciones que sólo quieren desestabilizar a la población para quedarse con el control, por lo que demandaron la intervención de la Segego.

LOS ASESINATOS

Pero, previo a estas acusaciones, dos autoridades de San Martín Peras fueron asesinadas en un presunto asalto.

El 4 de octubre, el tesorero Juan Daniel Mendoza, el síndico Bernardino Díaz y el regidor de Hacienda, Nicolás López Rivera sufrieron un asalto en el centro de Huajuapan de León, tras salir de una sucursal bancaria.

El tesorero perdió la vida ante el ataque de los asaltantes, mientras que el síndico municipal Bernardino Díaz Morales murió durante el traslado a un hospital.

Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó de la detención de dos sujetos por su presunta responsabilidad en e l delito, así como la recuperación del dinero que supuestamente habían robado.

LÍOS CON SUS VECINOS

Por más de 13 días, San Martín Peras sufrió por la retención de 12 pobladores, entre ciudadanos y policías municipales por parte de la comunidad vecina de Santos Reyes Zochiquilazala, de Santiago Juxtlahuaca.

El 30 de julio de 2020, la autoridad municipal encabezada por Román Juárez Cruz, denunció la privación ilegal de la libertad de sus habitantes por un grupo de personas armadas.

En ese momento, también sentenciaron la falta de respuesta inmediata de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego), quienes lograron la liberación de cuatro personas a más de tres días de los hechos y hasta el día 13, aún permanecían dos retenidos.

Protestas, disparos de armas y tensión entre las comunidad y autoridades que intervinieron, fueron parte de este proceso de negociación, en el que San Martín Peras afirmaba que se trataba de un acto político y de extorsión y Santiago Juxtlahuaca apuntaba que era por líos agrarios.

Pese a todo a ello, la Segego que encabeza Francisco García López, se ha limitado a observar cómo crece la violencia en San Martín Peras y su argumento es que se trata de un lío interno y que las partes se niegan a dialogar.

GPP

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