Cuando llegó López Obrador a la presidencia de la República, orientó todos sus esfuerzos en realizar los cambios necesarios para llevar a cabo sus propuestas de campaña, sin importar si fueran viables o de cuanto sería su costo. 

Algo que nos dejó muy claro desde el inicio fue que las consultas populares serían su fuerza moral para que el pueblo pudiera decidir, sobre acciones políticas, económicas y sociales, aunque no supieran del tema, pero que pudieran votar si estaban de acuerdo o no. 

A unos días de haber ganado, empezó con una consulta sin validez legal, pero que tuvo impacto mediático para la población, cumpliendo con su primera promesa de campaña que sería cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, y sin importar las consecuencias económicas, dejó claro que serían seis años de gobierno donde se haría lo que él quisiera. 

Ya estando en el poder, promovió que se realizaran dos consultas. La primera que fue del juicio a los expresidentes con un costo de más de 500 millones de pesos donde para que fuera vinculante se necesitaba el 40% de la lista nominal, el cual solo obtuvo el 7.1%, aquí es donde me pregunto ¿era necesario el gastar 500 mdp para decidir si aplicar la ley a los expresidentes que llegaron a cometer algún delito que amerite cárcel? Para mí la respuesta es no. 

Ahora, a casi media gestión de López Obrador, tenemos la figura de la revocación de mandato, donde se le preguntará a la población si quieren que continúe con su periodo el presidente de la República hasta el 2024, o que se termine en el 2022. Para este ejercicio de consulta se requerirán 3,830 millones de pesos, porque es como realizar una elección federal, instalando más de 160 mil casillas en todo el país.

Hay varias razones por las cuales no apoyo la revocación de mandato. La primera de ellas es el costo que tiene, aunque hace unos días la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de egresos para el 2022 que recorta 4,900 millones de pesos a los cerca de 24,600 millones que el INE había solicitado para el próximo año, pero que aun así se ocupará mucho recurso público, que pudo ser destinado a otras causas más importantes.

La segunda, es inconstitucional al considerar que el presidente, cuyo mandato concluye en 2024 y que tiene una aprobación arriba del 60%. No es necesario ni indispensable organizar una consulta para saber si el presidente de la República se tiene que ir o no, porque solo hay dos posibles escenarios, que no cumpla con el porcentaje para ser vinculante o que al tener a la mayoría aprobando su gestión, gane la consulta y no se vaya. Al final el resultado es el mismo y que es que se mantenga en el poder hasta el 2024. Si el resultado es el mismo, entonces ¿para qué realizar un gasto de tal magnitud? 

Además, cuando uno vota por sus representantes aceptamos el periodo el cual deberán cumplir, y lo mismo pasa con poder Ejecutivo, y nos guste o no, Andrés Manuel López Obrador debe de terminar hasta el 2024, ni un día más y ni un día menos.

Y la última, el tener una figura como la de revocación de mandato debe de ser promovida por el pueblo para quitar a los malos gobiernos, y no por el presidente de la República, porque solo se hace como promoción personal. De igual manera, el que muchos de los miembros del partido en el poder ocupen el tema y lo distorsionen como “Ratificación de Mandato” y así lo estén difundiendo en los diferentes estados de tal manera hace que se confunda a la ciudadanía cuando la esencia de la consulta no debe de ser así. Además, La Constitución (art. 35) sólo habla de revocación. La ley, es de revocación. La ratificación no existe en nuestro marco legal y quien usa ese término busca engañar.

Analizar e informarse de los procesos que tendremos en el 2022 es importante y que como ciudadanos tenemos la obligación de exigir al gobierno que gaste de mejor manera los recursos que nosotros les brindamos al pagar impuestos. 

No al derroche por necedades y sí al presupuesto bien aplicado para el apoyo del desarrollo económico.

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