Redacción Oaxaca Político / El Universal.- La aún presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta (Morena), así como los otros dos hombres detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada cometido en contra de la activista Claudia Uruchurtu, el 26 de marzo en esta comunidad de la Mixteca de Oaxaca, interpusieron un recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso. 

Lo anterior en ejercicio de defensa, por lo que la solicitud fue turnada a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, siendo radicada bajo el Toca Penal JOTP/101/2021 y fijándose como fecha para la audiencia de alegatos este 5 de julio a las 11 de la mañana. 

El pasado 13 de mayo, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet,Jorge Armando Félix Toledano, dictó auto de vinculación a proceso en contra Lizbeth Victoria Huerta y Juan Antonio “N” y Johan Ricardo “N”, por su probable participación en la desaparición forzada de Claudia, como parte de causa penal 203/2021, luego de que consideró que existen elementos para procesarlos por dicho delito. 

Al respecto, las hermanas de Claudia, Sara, Elizabeth y Hayde, a quienes se les considera como víctimas indirectas, externaron a EL UNIVERSAL su preocupación por el actuar de los jueces en dicha audiencia a celebrarse este lunes, por lo que les pidieron actuar con apego a estándares internacionales en materia de desaparición forzada, pues consideran que existen elementos de pruebas suficientes que vinculan a los detenidos con el delito. 

“Nosotras, las hermanas de Claudia, como víctimas indirectas, estamos pidiendo que los jueces que se adhieran a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que se garanticen los derechos de las víctimas, tanto directas como indirectas, en este caso”, expresaron. 

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Foto: Especial

Ante ello emitieron una solicitud dirigida a Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) y a René Hernández Reyes, Tito Ramírez González y Ángel Alejo Torres, magistrados de la Sexta Sala Penal, en la que se les pide que al momento de resolver el recurso de apelación, su actuación sea conforme a la ley y confirmen el auto de vinculación a proceso en contra de las personas imputadas.

Esto, explican, dado que derivado de las investigaciones del caso que obran en el expediente, “existen datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido el delito de desaparición forzada en agravio de Claudia y existe la probabilidad de que los imputados, entre ellos la presidenta municipal de Nochixtlán, lo cometieron, como lo establece la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En el documento recordaron que el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la posible participación de la presidenta municipal de su partido en el crimen, por lo que aseguró que no se permitiría la corrupción. 

Las hermanas se refieren a las declaraciones del Presidente, quien el pasado 11 de mayo pidió que el hecho se aclare y se castigue, sea quien sea. “Fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nochixtlán, en Oaxaca, donde desaparece una luchadora social, se abre una investigación y un participante como testigo protegido da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal del partido Morena y la instrucción es: sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Entonces, que se aclare”, afirmó ese día. 

Ante ello las hermanas exigieron que al momento de resolver el recurso de apelación, los integrantes de la Sexta Sala Penal ciñan confirmen el auto de vinculación a proceso en contra de las personas imputadas, “resolviendo de manera justa y legal, sin pasar por alto la observancia de los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas”. 

Señalaron que los magistrados del Poder Judicial deben ajustarse a los principios de legalidad y tomar en cuenta la magnitud de su responsabilidad “para sancionar y erradicar la impunidad en la comisión de este tipo de delitos, ya que ello es una deuda que se tiene con las víctimas y sus familiares al igual que con la sociedad en general. 

“Con una resolución justa y apegada a derecho, en su oportunidad se podrá garantizar efectivo acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de daño. Confiamos en que el Poder Judicial del Estado, escuche la voz de las víctimas y atienda nuestra exigencia de justicia. Estamos vigilantes del debido proceso y no descansaremos hasta localizar a Claudia”, finalizan. 

El documento cuenta con la firma de las tres hermanas, así como con el respaldo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C., UNIR Oaxaca y otras más de 60 organizaciones sociales.

GPP

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