Redacción MX Político.- Acelerar las autorizaciones para los proyectos que se consideren prioritarios, sin el debido tiempo y profundidad para su evaluación, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad, advirtió el IMEF.

Expuso que esto podría reducir la efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó un Acuerdo por el que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura en diversos sectores, y aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

En el Acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar en un plazo de máximo cinco días hábiles la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras para garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) declaró que, de aprobarse este acuerdo, también se atentaría contra la transparencia, ya que estos proyectos requieren de evaluaciones de impacto ambiental, de demanda de uso, de estudios de ingeniería de proyectos, de análisis y evaluación de riesgos y de viabilidad financiera y económica, además de otros aspectos que garanticen su efectividad y sostenibilidad.

“Adicionalmente, la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas. Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho en nuestro país”, estimó el instituto.

Enfatizó que el hecho de acelerar estos procesos también podría mermar la efectividad económica y social de los mismos, al mismo tiempo que se disminuiría la eficiencia de los recursos públicos.

Es por estos motivos que el IMEF exhortó al gobierno y a las autoridades pertinentes a reconsiderar este acuerdo planteado.

“El IMEF está a favor de cualquier iniciativa de política pública que impulse el desarrollo económico, el interés público y proteja la seguridad nacional. No obstante, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos del Acuerdo mencionado”, declaró el instituto.

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