Que el trasfondo que existe en la disputa entre la Fiscalía de la CDMX y su similar en el estado de Morelos, por el caso Ariadna Fernanda, alcanza incluso el ámbito internacional, refiere el prestigiado columnista Darío Célis, de El Financiero.

Redacción MX Político.- Una notoria disputa existente entre la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, con Claudia Sheinbaum sumada y, su similar en el estado de Morelos, por el caso Ariadna Fernanda, tiene un trasfondo que alcanza incluso el ámbito internacional.

El objetivo que persiste en el fondo , cual sedimento competencia entre las agencias de inteligencia del lado mexicano y las estadounidenses, en específico, es que se intenta concluir y judicializar expedientes contra el fiscal morelense, Uriel Carmona y, el propio gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco.

Ya por ejemplo, el exfutbolista tiene claro que, en al menos un par de ocasiones, el fiscal se reunió con agentes de inteligencia estadounidenses en un hotel capitalino para exponer la operación de los grupos delictivos en Morelos. Así lo reveló ya en días pasados, incluso, el columnista de El Fnanciero, Darío Célis.

Célis estableció que en aquellas reuniones, Carmona Gándara se enteró de las indagatorias que se habían iniciado en el país vecino por la presunta relación que mantienen éstos con su gobierno local.

Los datos concordaban con las indagatorias que sus ministerios públicos tenían ya abiertas sobre varios funcionarios y exfuncionarios cercanos al “Cuauh”, por presuntos nexos con líderes del crimen organizado.

A lo anterior se sumaban otras tantas carpetas por la operación irregular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, un negocio que habría dejado 200 millones de pesos anuales.

Las investigaciones desde Norteamérica nutren, y se nutren, de las carpetas que están en la Fiscalía de Morelos y que trascienden ahora a la General de la República donde existe ya una denuncia contra Blanco con folio 002316 por los delitos de delincuencia organizada.

Por otro lado, sobre el fiscal Carmona también hay muchas sospechas: fue notario hasta hace cuatro años, luego propuesto por el exgobernador Graco Ramírez para ocupar el encargo, y electo en febrero de 2018 por mayoría de votos por la LIII Legislatura del estado.

Su operación en la FGE ha sido siempre una piedra en el zapato para Blanco, por lo que, además de impulsársele un proceso de desafuero en el Congreso federal, es también objeto de investigaciones por el fiscal Alejandro Gertz Manero y por el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

Cabe señalar que las filtraciones del grupo Guacamaya lo vincularon también con el crimen organizado, por lo que ahora enfrenta una pugna de iguales contra el gobernador, en la que deberá destruir a su rival aquel que no quiera ser destruido.

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