“Nicaragua no respeta los compromisos impuestos en la Carta Democrática Interamericana”, así lo mencionó la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, la organización instó al gobierno de Daniel Ortega a aceptar una misión de buenos oficios para “restablecer” el cumplimiento del documento regional de defensa de la institucionalidad.

La carta fue apoyada por 25 de los 34 miembros activos del bloque regional, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, siendo Nicaragua el único país que votó en contra, asimismo, ocho países se abstuvieron los cuales fueron Argentina, Belice, Bolivia, Honduras, México, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.

Las naciones de Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Guyana en el texto, le piden a Nicaragua que libere de forma “urgente” a todos los opositores detenidos, e iniciar un proceso con miras a realizar elecciones “libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.

La actual Asamblea General de la OEA desconoció la legitimidad de los comicios del 7 de noviembre en Nicaragua, dijo que las instituciones democráticas en ese país fueron “seriamente socavadas” por el gobierno de Ortega, y encomendó al Consejo Permanente a realizar una “evaluación colectiva inmediata” de la situación.

Por lo que el mandatario de Nicaragua quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo con siete de sus posibles rivales presos bajo cargos de conspiración y otros delitos formulados previo a las elecciones, pidió el 19 de noviembre la salida de su país de la OEA.

No obstante, el proceso para concretar el retiro toma dos años, durante los cuales las obligaciones de Nicaragua con la OEA y con sus instrumentos siguen vigentes.

Nicaragua rechazó energicamente la resolución, su representante, Michael René Campbell, denunció “otro evento intervencionista de la OEA”, a la que acusó de sumisión al “imperialismo norteamericano”.

Aseguró que “este es otro diabólico juego de esta organización súbdita y satélite de los Estados Unidos”.

Sin responder a estos comentarios, el delegado de Estados Unidos, Bradley Freden, destacó la decisión de la OEA como “un buen comienzo para devolver la democracia al pueblo de Nicaragua”, e instó al gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a que “cambie de rumbo”.

“Debemos estar dispuestos a apoyar un compromiso sustantivo y productivo sobre soluciones democráticas a esta crisis institucional. Debemos estar igualmente dispuestos a responder si vemos una continua negativa a participar”, dijo.

De acuerdo con la resolución, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, deberá informar al Consejo Permanente de sus gestiones ante el gobierno de Nicaragua antes del 17 de diciembre.

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