Redacción MX Político.- El funcionario del Ministerio de Salud William Amorim confirmó hoy que, pese a solicitudes de modificación de errores en facturas para la compra en Brasil de vacunas antiCovid-19, estos quedaron sin corregirse.

En su testimonio en la comisión senatorial que supervisa la gestión gubernamental ante la Covid-19 (CPI), el técnico de la división de importación de la cartera precisó que se hicieron reiterados pedidos de arreglo de anomalías encontradas en las facturas enviadas por Precisa Medicamentos al ministerio, pero la empresa no lo hizo.

Menciona en tal sentido la forma de pago por adelantado y la presencia de la compañía Madison Biotech, ambos aspectos no presentes en el contrato original.

Amorim aseguró que resulta habitual que haya errores en las facturas (negociaciones internacionales) enviadas a su sector, pero que este caso ‘tenía más que la media normal’.

Señaló a la funcionaria Regina Célia Silva, fiscal del contrato para la adquisición del fármaco indio Covaxin, responsable de autorizar la participación de Madison Biotech como empresa intermediaria vinculada al fabricante Bharat Biotech.

Insistió en que hizo tres advertencias a la inspectora sobre errores en la factura, pero ‘recibimos la comercial, hicimos las anotaciones, la presentamos al área de supervisión y ellos (Departamento de Inspección) dieron un dictamen favorable’.

Para el senador Humberto Costa, la empleada Célia Silva, quien dio testimonio en la CPI el martes, intentó proyectar hacia lo externo la responsabilidad de la continuidad del proceso, incluso, teniendo la divergencia con el contrato.

Ante los congresistas, ella aseguró que no fue advertida por la División de Importaciones sobre la irregularidad.

De acuerdo con el ponente de la comisión, Renan Calheiros, el mantenimiento de las diferencias indica un claro intento de la empresa de aplicar un golpe en el Ministerio de Salud.

Acto que, según Rodrigues, fue evitado por la actuación de Santana y del funcionario Ricardo Miranda.

‘Estamos viendo aquí que una estafa de 45 millones de dólares fue impedida por un funcionario público y un consultor técnico de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), un trabajador subcontratado en el Ministerio de Salud’, alertó.

La CPI escuchará la próxima semana, su oncena de labor, otros testimonios que ayuden a evaluar la acción, omisión o negligencia del Poder Ejecutivo ante la Covid-19 que hasta la fecha cobró 531 mil 688 vidas perdidas y 19 millones 20 mil 499 contagios.

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