Redacción, Noticias MX Político.-  El gobierno de Colombia mantiene abierta la puerta para dialogar con los líderes de las protestas y respeta las manifestaciones pacíficas, pero si éstas desbordan en vandalismo y violencia, las enfrentará enérgicamente y con estrictas garantías legales, aseguró este martes un alto funcionario gubernamental.

“El gobierno del presidente Iván Duque es un gobierno que ha estado escuchando, que escucha y seguiremos escuchando”, dijo Emilio Archila, alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación encargado del diálogo con los líderes de las protestas.

Sin embargo, aclaró: “No podemos permitir los bloqueos, entre otras razones porque en Colombia son ilegales. Son una violencia y no son una forma pacífica de protestar. Si suceden, corresponde a las autoridades cumplir la ley, quiere decir ser muy enérgicos en contra de quienes no protestan pacíficamente, más enérgicos en contra de los vándalos y mucho más enérgicos contra quienes cometen actos de terrorismo con un pretendido paraguas de la protesta pacífica”.

El funcionario sostuvo que los miembros de la Policía Nacional encargados de evitar los actos de vandalismo intervendrán con los más altos estrictos parámetros en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.

Un líder de las protestas antigubernamentales anunció la semana pasada que las manifestaciones se intensificarán en el segundo semestre si el gobierno o el congreso no solucionan las demandas económicas y sociales que las originaron y que continúan sin resolver.

“Decir que no hay voluntad de negociar simplemente no tiene ningún asidero en la realidad”, agregó el funcionario tras revelar que, aunque el Comité Nacional de Paro se levantó de una mesa de diálogo, el gobierno logró acuerdos regionales en las últimas semanas que permitieron suspender protestas y bloqueos.

Colombia enfrentó desde finales de abril protestas contra el gobierno, mayoritariamente pacíficas, pero algunas se desbordaron y terminaron en saqueos, actos de vandalismo, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

Las manifestaciones, las más largas y violentas en la historia reciente del país, comenzaron el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos que fue retirado por el gobierno y que provocó la renuncia del entonces ministro de Hacienda.

Pero los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir una renta básica para las familias pobres, educación y empleo para los jóvenes, así como el fin de la violencia policial.

“Nosotros no tenemos nada en contra de la protesta pacífica, al contrario, creemos que es parte del proceso dialéctico de la democracia”, afirmó Archila.

A mediados de junio los líderes de las protestas que integran el Comité Nacional de Paro suspendieron temporalmente las concentraciones y movilizaciones, mientras avanzan en la redacción de proyectos de ley que presentarán al Congreso en el periodo que comienza el 20 de julio para satisfacer demandas económicas y sociales.

Archila dijo que el gobierno sigue trabajando para reducir las desigualdades sociales y la pobreza con mejores programas de educación, salud y empleo para los jóvenes, pero advirtió que no permitirá los bloqueos de carreteras que provocaron escasez y alzas en los precios de los alimentos y los combustibles, además de la parálisis del comercio internacional.

Aunque casi todos los bloqueos de carreteras se levantaron a través de negociaciones o la intervención de las Fuerzas Armadas, las protestas continuaron el lunes en ciudades como Barranquilla, Medellín, Bogotá, Madrid y Facatativá en donde se las autoridades reportaron el derribamiento de una estatua de Cristóbal Colón e incendios de vehículos.

Hasta el momento la Fiscalía General ha confirmado 24 muertes en medio de las manifestaciones y trata de verificar la relación de 11 más con las protestas. Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que la cifra de decesos es superior, lo que ha generado críticas al gobierno por parte de Naciones Unidas.

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