Pozo con mineros atrapados era zona de riesgo y cabildo la volvió de extracción, lo autorizaron por unanimidad en sesión del 5 de marzo del 2019; el solicitante, Héctor Villarreal, donó a cambio un terreno; en esa reunión avalaron regularizar el predio sin escrituras; 4 meses antes, dueño ya había vendido mina; FGR anuncia que va tras Cristian Solís.

Redacción MX Político.- Trasciende rápidamente la especie noticiosa de que debido a que hubo actos de corrupción y negligencia criminal, durante la autorización de uso de suelo para instalar el pozo carbonífero de Punta Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila, la FGR va tras los probables responsables. Sobre todo tras el principal indiciado, Christian Solís, el propietario de la mina.

Y es que el terreno donde se ubica la mina El Pinabete, originalmente estaba catalogado como Zona de Riesgo (ZR), pero el cabildo del municipio de Sabinas, Coahuila, conformado principalmente por funcionarios panistas, autorizó modificar esa restricción en el 2019, con lo que el uso de suelo pasó a ser de Industria Extractiva (IE), en respuesta a la petición del dueño del predio concesionado, Héctor Omar Villarreal González.

De acuerdo con el acta de sesiones del cabildo, fechada el 5 de marzo del 2019, participaron el entonces presidente municipal, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, quien fue postulado por la coalición PAN, Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y Movimiento Ciudadano.

Rodríguez es empresario del carbón y por ello aceptó el trato propuesto por Héctor Omar Villarreal, quien, de acuerdo con el acta de la sesión, donó un terreno, sin escrituras e irregular, porque “los Moreira no le quisieron dar una firma” para que se legalizara la propiedad.

“Él (Villarreal) tiene unos terrenos en Agujita y no va a afectar el área. Él va a hacer una mina subterránea como están en las Conchas, que están funcionando en dicho terreno, que están en los límites del impacto ambiental que nos está afectando, porque va hacer la extracción de mineral subterráneo y a cambio de esto, él donó una vez un terreno que no está regularizado por una firma, porque no se entendió con los gobernadores de apellido Moreira”, justificó el alcalde panista, para quitar la advertencia de “terreno en zona de riesgo” y cambiarla por “industria extractiva” para que pueda explotarse la minería.

Sin embargo, el alcalde no estuvo solo en esa decisión.

Sus compañeros de coalición: la síndico por mayoría Karina González Garza y nueve regidores: Pedro Armando Pérez, Claudia Andrade Bernal, Juan Francisco Arriaga, Miriam Salas de la Rosa, Gerardo Gutiérrez Rangel, Elizabeth de Hoyos Yutani, Guadalupe Villanueva Avilés, Juan Jaime Ayala y Mirna Barraza Carrillo, avalaron cambiar el uso de suelo.

La resolución también fue acompañada por la síndico por minoría María del Carmen Campos y los regidores Edith Maldonado González, Pedro Aguirre Cárdenas y Raúl Hernández Almaraz, todos ellos del PRI. Éste último falleció un año después de firmar este documento.

Se sabe ahora que también dieron su aval las regidoras de Morena, Elida de Jesús Aguirre y Graciela González Vélez, del partido local Socialdemócrata Independiente, así como el secretario del Ayuntamiento, Hidalgo Neaves Cura, del PAN.

El documento también señala que Héctor Omar Villarreal construiría una mina subterránea; es decir, los pozos en los que desde hace más de una semana se encuentran atrapados 10 mineros.

Durante esa sesión del cabildo también se aprobó regularizar el terreno donado por Villarreal González, el cual no tenía escrituras, “para poder hacer bien las cosas y (porque) no afecta el impacto ambiental”.

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