Paradójica actitud del mandatario mexicano, después de que en mayo de 2020, le fueran cobrados por el SAT a la llamada ‘primera minorista’ del mundo, un aproximado a los 370 millones de dólares (8, 079 millones de pesos)mediante la amenaza al corporativo de enfrentar posibles cargos por fraude fiscal.

Redacción MX Político.- El gobierno mexicano hablará con Walmart, sobre su aparente decisión de no permitir que las personas mayores regresen como empacadoras de comestibles, luego de que fueran retiradas para protegerlas del coronavirus, dijo el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera.

Una actitud segura, con mucha confianza la que proyectó el Jefe del Ejecutivo durante su habitual encuentro matutino con medios al referirse a este tema, dejando de lado que la multinacional Walmart es una empresa privada, que toma decisiones conforme a los preceptos legales sobre los cuales opera y que, ante todo, privilegia en su oeración comercial, un criterio utilitarista, dada su naturaleza empresarial. Sobre todo considerando que no ha violentado ningún precepto legal que discrimine o violente el derecho al trabajo legítimo de ningún ciudadano mexicano, según lo establece la legislación laboral sustantiva vigente.

Y es que en el tema de los adultos mayores que, sin contrato ni prestación social alguna, desempeñaban el trabajo de asistentes de los cajeros de las tiendas, en la función del empacado de las mercancías, lo hacían arriesgando su propia salud e integridad física, dado que los niveles de la emergencia sanitaria han obligado en un par de ocasiones a la población civil de nuestro país al confinamiento social en los hogares de la gente.

A decir del especialista en derecho laboral de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ángel Saucedo, “la empresa puede reservarse su derecho a contratar al personal que ésta determine para sus fines y utilidades, mientras no violente ningún precepto constitucional que discrimine, niegue o minimice el derecho del ciudadano a un bien jurídico tutelado, como en este caso, el derecho al trabajo”.

Además, gracias a la apertura durante la época de esplendor neoliberal, estos corporativos operan en México, bajo esquemas de contratación que están al borde de la violación a los derechos y prestaciones más elementales consagrados en el artículo 123 constitucional: no son contractualmente considerados empleados o trabajadores… sino “asociados”, en el caso de los empleados con quienes la filial llamada ‘Walmart de México y Centroamérica’ sí suscribe contrato laboral.

“Por lo que sus prestaciones a las que pudieran tener derecho en otro esquema de contratación más común en nuestro país, se diluyen materialmente y sólo tienen en el mejor de los casos y un pequeño bono por utilidades, que se adjuntan a su sueldo en tres ocasiones a lo largo del año -no necesariamente en mayo- como lo prevé legalmente la ley laboral mexicana”, señaló el especialista.

Sobre el hecho de contratar a adultos mayores o a menores de edad, para labores auxiliares, como la de “cerillito” o “empacador”, se dio cuando se instalaron en el país, en la década de los noventa como una “concesión graciosa”, bajo la figura de un ‘convenio’ con el entonces Insdtituo Nacional de la Senectud (INSEN), hoy Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM), mismo que cancelaron el pasado 12 de mayo.

Concesión o situación a la que no está obligado por ley tampoco a sostener el corporativo. En el caso de los menores porque la ley lo prohibe… y en el caso de los adultos mayores, porque no conviene a sus intereses, ya que no es personal que rinda igual desempeño al considerado biológicamente hábil.

Y es que esa decisión llevó a que los adultos mayores expresaran su inconformidad por la pérdida de su fuente de ingresos en las calles y ante diversos medios de comunicación del país.

Este hecho dejó en la vulnerabilidad a cerca de 35 mil ancianos que laboraban como empacadores voluntarios en las más de 2 mil 500 tiendas de Walmart, lo que los ha orillado a vender objetos personales en las calles y hasta a “botear” para obtener un ingreso.

Walmart informó oficialmente que “derivado precisamente de la contingencia sanitaria (por Covid-19)”, han observado que sus clientes buscan evitar que terceros tengan mayor contacto con la mercancía que compran. Aunado a esto, conforme a la legislación aplicable, dejaron también de otorgar bolsas de plástico de un solo uso, en apoyo al cuidado del medio ambiente, por lo que nuestros clientes ahora llevan sus propias bolsas reutilizables y se han habituado a empacar ellos mismos la mercancía adquirida”.

Lo que sin duda, ha desencadenado un problema social en el país.

Al Primer Magistrado de la Nación se le hace al parecer muy fácil, volverse a imponer en el criterio de la firma multinacional, para hacer la voluntad de lo que ideológicamente -más allá de lo legal- le asista.

Cuando se le preguntó en la mañanera sobre el tema de los adultos mayores de Walmart sin su empleo, contestó: “¡Ah… lo vemos ese tema!… ¡Sólo es cuestión de platicar con ellos (directivos de Walmart)… es de las tiendas que más vende, no creo que se niegue!”

Y es que si el Gobierno Federal recurre como en mayo de 2020, a un acuerdo coercitivo, logrado por el SAT para obtener el adeudo fiscal que tenían con el Gobierno Mexicano, podría verse negado en su pretensión el Gobierno Federal.

En aquella ocasión sus funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia que la unidad mexicana de Walmart usó para minimizar sus ganancias por la venta en 2013 de una cadena de restaurantes, misma que ofrecieron a la cadena comercial a retirar si pagaban su adeudo del orden de los 8, 070 millones de pesos.

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