La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) explicó que, por tratarse de una situación de emergencia, se le dio un trato especial al anteproyecto.

Redacción MX Político.- El relato de Ivette Saldaña de El Universal, da cuenta de la atropellada trayectoria que sigue el anteproyecto denominado “De directriz de emergencia para el bienestar del gas licuado de petróleo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

La nota que se difunde este jueves en ese rotativo capitalino, hace la crónmica puntual de cómo se subió, de forma apurada y violentando la normatividad -en el ámbito de la publicidad de todo ordenamiento jurídico- el referido anteproyecto que pretende fijar un precio ‘tope’ o ‘máximo’ al gas L. P. en nuestro país.

Y es que las instancias del Poder ejecutivo como los legisladores de Morena, el partido del Presidente de la República, hacen todo por ‘actuar en concordancia con los designios del mandatario mexicano.

Ya lo dejó entrever López Obrador, que es un compromiso político, asumido de forma personal con ‘el pueblo’, que el gas L. P. no suba más, tal y como lo ofreció a lo largo de su campaña presidencial.

El gran obstáculo que tiene en contra el primer magistrado de la Nación, son las leyes del mercado… ni más ni menos.

Pues bien, mientras se subió al portal de la Conamer, el referido “Anteproyecto de directriz de emergencia, cuando cualquier anteproyecto de esta naturaleza debe permanecer abiertos para consulta pública por lo menos 20 días, en esta ocasión la Conamer expidió el oficio de autorización para que la CRE fijara la metodología de precios máximos al gas LP, cuyo documento se recibió en las oficinas de la Secretaría de Energía a las 3 de la tarde con 55 minutos del pasado martes, según consta en el acuse de “recibido”; es decir tan solo unos minutos después de que llegó a la oficialía de partes de la dependencia.

Es evidente que hay un interés ‘acordado’ para cumplir con los designios (o caprichos) del Presidente.

Limitar el incremento del precio del hidrocarburo… de manera artifical; cueste lo que cueste a la industria y a la sociedad en general.

Horas más tarde, es decir, ya el miércoles 28 de julio, la ‘Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo’ apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Desde el momento en que se subió el documento al momento en que se aprobó pasaron 31 minutos. El documento firmado por el comisionado nacional de la Conamer, Alberto Montoya Martín del Campo, expone en el dictamen de aprobación que “desde el día en que se recibió el anteproyecto de referencia, este se hizo público a través del portal de internet de esta Comisión”.

Media hora después de que se exhibió, la Secretaría de Energía ya acusaba de recibido del “dictamen final”, por lo que Montoya Martín del Campo expuso que “no se han recibió comentarios por parte de particulares interesados en la propuesta regulatoria”.

Además, explicó que por tratarse de una situación de emergencia se le dio un trato especial al documento. Además de que en el portal de la Conamer se pide no requiere ser publicitada.

Entre las justificaciones, la Secretaría de Energía explicó que es “necesaria como medida de emergencia que la CRE emita normatividad de emergencia, que en un plazo no mayor a tres días, garantice el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP”.

La dependencia añadió que “se considera que el cumplimiento de la propuesta regulatoria contará con la participación proactiva de todos los sectores involucrados, por lo que se considera que la propuesta regulatoria es técnica, económica y socialmente factible”.

Pero… ¿Qué implica fijar precios máximos en la venta del gas LP?

El Instituto Méxicano para la Competitividad (IMCO) explicó tres razones negativas sobre establecer costos elevados en el gas LP.

El IMCO señaló, como primera causa, que se distorsionaría el mercado al no responder a los precios internacionales, donde los privados y Pemex adquieren este insumo.

En segundo lugar, detalló, se limitaría las posibilidades de mayor competencia en el mercado.

Además, para el instituto “se atentaría contra el Estado de derecho al ir en contra de la Ley de Hidrocarburos”.

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