Redacción MX Político.- Este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno llevará a cado una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si las Fuerzas Armadas deben permanecer en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 o si el Ejército y la Marina deben regresar a sus cuarteles en marzo del 2024.

El 21 de diciembre de 2019 entró en vigor la reforma constitucional que modificó y adicionó diversas disposiciones de los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Constitución, la cual fue impulsada por Morena en el Congreso de la Unión para abrir paso a la organización de la revocación de mandato.

En la reforma de 2019 se estableció que el “Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, verificar los requisitos para solicitar dicha consulta, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”.

Tres años después, la propuesta del presidente para una consulta popular con la finalidad de extender la participación de las Fuerzas Armadas, se da luego que Morena no logró romper al bloque opositor en el Senado de la República para modificar el artículo quinto transitorio en materia de Guardia Nacional, proyecto que sí fue aprobado en la Cámara de diputados con el apoyo de Morena y el PRI.

Sin embargo, especialistas en derecho constitucional, como el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, señaló que la propia Constitución de México prohíbe realizar encuestas que sean sobre Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Conforme al artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, señaló el jurista a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la reforma constitucional de 2019 y que fue impulsada por Morena en materia de consultas populares, el artículo 35 señala lo siguiente:

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

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