Redacción MX Político.- El senador Jaime Bonilla acusó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de tener un pacto con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sostuvo que los hechos violentos registrados en la entidad se debieron a que “violó” dicho “acuerdo”.

Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles y en lo particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido donde le dice que violó el acuerdo, sostuvo.

Al ser cuestionado por la senadora Kenia López Rabadán, durante su intervención en la Comisión Permanente del Congreso, sobre acusaciones previas que había hecho en contra de la mandataria, Bonilla reiteró que tiene nexos con los cárteles.

Aseguró que “no fue una casualidad”, sino que se trató de un acto coordinado por los carteles como un reclamo al gobierno de la entidad.

Fue diferente al resto del país, porque ahí no hubo ningún lesionado, ahí fue un señalamiento del cártel donde le dijo: ‘violaste el arreglo’.

Asimismo, el funcionario responsabilizó a las autoridades por los hechos ocurridos y afirmó que en la entidad se “optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna”, que “no funciona”.

Igualmente, señaló al esposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, de tomar decisiones gubernamentales e “imponer a los secretarios”.

Por último, aseguró que el fiscal actual de Baja California también ha sido señalado por tener “acuerdos con los carteles”.

Ante esto, gobernadores de Morena rechazaron cualquier acusación de complicidad con la delincuencia en contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Manifestamos nuestra solidaridad con nuestra compañera Marina del Pilar Ávila Olmeda y rechazamos cualquier acusación de complicidad con la delincuencia, venga de donde venga, como la expresada por el senador Jaime Bonilla”, escribieron en un comunicado conjunto.

El pasado viernes, se desató una ola de violencia en el estado, donde se registraron quema de vehículos y bloqueos en distintas vialidades de las ciudades Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada.

El fiscal de Baja California, Ricardo Carpio, aseguró que el CJNG pagó poco más de tres mil pesos por cada automóvil incendiado.

Igualmente, señaló que los hechos de violencia fueron un intento de los delincuentes de imponer sus reglas e infundir miedo a los ciudadanos.

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