Sí, la obra va atrasada y ese es el principal motivo de ofuscamiento presidencial, pues sus instrucciones fueron tajantes a todos sus colaboradores: La obra que conectará cinco estados, deberá terminarse en diciembre de 2023.

Redacción MX Político.- Un retraso de cinco meses, es lo que se estima tiene en sus obras el Tren Maya, que se construye en el sureste del país, informó el director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), el tabasqueño Rogelio Jiménez Pons, desatando la ira del presidente López Obrador, según trascendió en los principales pasillos del poder del Gobierno Federal.

Eso motivó incluso, a que el mandatario mexicano desplegara una estrategia de respaldo de tipo legislativo, imponiendo una especie de acuerdo administrativo de última hora, confeccionado de urgencia en la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Y aunque ya sin la eficacia y la contundencia de los trabajos encargados a Julio Scherer Ibarra, la siniestra criatura juerídica tuvo su alumbramiento y empezó a surtir efectos mediáticos a lo largo de esta semana.

Se trta de un acuerdo administrativo ‘sui generis’, que atenta contra la libre competencia y el libre acceso a la transparencia de la información gubernamental, en el caso de la obra pública, bajo el auspicio de un muy prostituido concepto llamado “seguridad nacional”.

Todo con el fin de garantizar que el Tren Maya y sus otras dos obras insignia predilectas del sexenio, salgan ‘a tiempo’ y puedan ser inauguradas por él mismo.

Y es que el paisano y amigo entrañable del presidente, el empresario Rogelio Jiménez Pons no pudo ser más claro: “Desde el año pasado, que fue complicado no solo por el Covid-19 sino por las tormentas que tuvimos y los huracanes, tenemos aproximadamente cinco meses que tenemos que recuperar a como dé lugar”, declaró el funcionario al reportero Juan Luis Ramos de El Sol de México, en el marco del Día del Proveedor del Tren Maya.

Aún con esos cinco meses, dijo, la obra que conectará cinco estados deberá terminarse en diciembre de 2023, como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, reiteró que el decreto publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para acelerar las obras del gobierno resulta de vital importancia.

“Cualquier ganancia de tiempo es fundamental. Hay muchos trámites que exigen por ley tiempo, algunos de esperar 45 días hábiles (…) Con esto hablamos de ahorros de dos o hasta tres meses” , comentó.

Insistió en que el decreto (acuerdo, propiamente) no significa incumplir con la ley y que no habrá transparencia, sino que busca ahorrar tiempo en trámites burocráticos.

Jiménez Pons añadió que el costo de la obra se ha elevado alrededor de 30 por ciento, esto debido a que se incrementó su alcance.

Recordó que casi la mitad del trayecto, que va de las estaciones de Mérida a Chetumal, se hizo de doble vía y que hay tramos que serán elevados, además de que aumentó el número de estaciones, lo que tuvo un impacto en el presupuesto original.

“Eso elevó el alcance , no es que se haya encarecido”, refirió.

Incluso, descartó que la inflación haya afectado en el costo del tren hasta este momento esto debido a que los contratos signados ya establecen precios con constructoras y proveedores.

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