El Castillo

Redacción MX Político.- A ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual marcó el inicio de la debacle del gobierno de Enrique Peña Nieto, y se ha convertido en el Waterloo obradorista, prevalece la impunidad, y el incumplimiento de la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de esclarecer el paradero de los estudiantes normalistas, ante indicios cada vez más evidentes en las investigaciones de una “participación activa y relevante del Ejército mexicano en hechos, no tangencial, periférica o accidental”, como se ha venido señalando. El Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa “tiene bastante acervo probatorio para esclarecer el caso, pero no hay poder en este país capaz de convencer a los militares de entregar esa información”, El gobierno sostiene: “el hecho es un crimen de Estado”. Pero la supuesta entrega de revelaciones plasmadas en documentación militar hackeada, brindará la oportunidad de conocer la “verdadera verdad”, a no ser se acompañen de las mismas perversiones quienes tienen en su poder la documentación, haciendo gala nuevamente de la falta de empatía con el dolor de los padres y familiares de los estudiantes.

Desde el principio se consideró a los militares como piezas clave para dilucidar, al menos, lo que pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Ahora, con elementos de prueba confirmando las informaciones anónimas recibidas por los familiares de los normalistas en los primeros días de la desaparición, el Ejército “se muestra como un poder metaconstitucional, que no rinde cuentas a nadie, ni al presidente que hace un año con molestia nos dijo que iba a hablar en corto con los secretarios (de Defensa y Marina) para que dieran la información que requerían los investigadores.

Durante el gobierno de Peña Nieto, la principal hipótesis giró en torno al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes con la complicidad de policías municipales levantó, secuestró, asesinó y calcinó a los estudiantes en el basurero municipal de Cocula, Guerrero. Sin embargo, la presente administración asegura pudieron los normalistas haber sido asesinados en Iguala y sus restos trasladados a otras comunidades, y es en estos hechos como se presenta la participación del Ejército. Por órdenes del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se judicializó y consignó recientemente ante jueces, carpetas de investigación y expedientes, acción realizada a espaldas del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, cuando él y su equipo se encontraban en Israel y Panamá. Entre las personas llevadas a la justicia sin el consentimiento de Gómez Trejo, está el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por un juez de control por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia. Además, Enrique Beltrán Santes, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó un nuevo auto de formal prisión contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa; al ex secretario de Seguridad del mismo municipio, Felipe Flores Velázquez. Igualmente, con el general brigadier José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita.

A eso se suma la exhoneración del juez Tercero de Distrito con sede en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, a 44 personas señaladas por el secuestro de los estudiantes, por no existir pruebas, entre ellos, Abarca Velázquez y Felipe Flores. La nueva investigación del Caso Ayotzinapa y la filtración de datos de la misma provocaron un enfrentamiento entre diferentes instancias de la 4T. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, generó un conflicto muy serio al interior del gobierno de AMLO, quien explotó públicamente al chocar con la Fiscalía General, y poner en la puerta de salida al fiscal para el caso, Omar Gómez Trejo. El pleito inició a finales del mes pasado, cuando Encinas solicitó a la FGR órdenes de aprehensión en contra de 83 personas presuntamente vinculadas al caso, entre las que se encontraban altos mandos militares y ex funcionarios federales y del gobierno de Guerrero. La fiscalía obtuvo las órdenes el 16 de agosto y Encinas acusó, sin pruebas, al entonces jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala de ordenar la muerte de seis normalistas que sobrevivieron la noche del 26 de septiembre.

Esto causó molestias en la Sedena, al aceptar se iniciaran procesos contra militares. El escenario se descompuso más cuando se reveló en medios de comunicación la forma cómo asesinaron a los normalistas y se aportaron nombres de altos funcionarios federales y locales supuestamente coparticipes. Encinas se indignó y pidió a la FGR investigará quién filtró esa parte secreta del informe, sugiriendo había salido de sus filas. La FGR respondió, pero investigando a miembros de la Comisión de la Verdad como sospechosos.

Total: “el atole ya se les hizo bolas” y se está más lejos que nunca de conocer la verdad.

Lilia Arellano

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