Redacción Oaxaca Político / El Universal.- Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, al menos 24 defensores del medio ambiente, el territorio, la paz entre comunidades, derechos LGBTQ+ y derechos indígenas fueron asesinados en el estado, de acuerdo con un recuento hemerográfico realizado por EL UNIVERSAL.

El periodo comprende del 1 de diciembre de 2018 al 8 de julio de 2021. En todos los casos, la mayoría de las víctimas pertenecían o participaban en organizaciones de la sociedad civil u organismos civiles, quienes los reivindican como personas defensoras.

Sólo en el asesinato de dos personas defensoras, la Fiscalía General del Estado ha detenido a los probables autores materiales del crimen; pero permanecen vinculados a proceso y aún no se dicta sentencia a los imputados. En este escenario, todos los homicidios permanecen en la impunidad. Tampoco hay información sobre los avances en las investigaciones, que permitan esclarecer el móvil de los asesinatos e identificar a los autores materiales e intelectuales.

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Eugui Roy Martínez, biólogo y defensor del medio ambiente/ Foto: Cortesía

De las 24 personas asesinadas, 13 eran defensoras del ambiente y opositoras a megaproyectos, principalmente contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina”, que ahora en el gobierno de López Obrador se llama Proyecto Hidroeléctrico para la generación de energía renovable PH Río Verde, adjudicado a la empresa ENERSI S. A. de C. V.; cinco eran defensores de la tierra y el territorio y seis defensores de derechos humanos.

A estos homicidios se suman los asesinatos de seis personas defensoras en 2017 y nueve en 2018, los dos primeros años del gobierno de Alejandro Murat. Siete fueron asesinados en 2019, nueve en 2020 y siete del 1 de enero a la primera semana de julio de 2018.

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Fidel Heras, opositor a la presa Paso de la Reyna/ Foto: Cortesía

De acuerdo con Neftalí Reyes de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), durante su participación en la “La defensa de DDHH y libre expresión en México”, esta organización tiene documentado al menos 50 personas defensoras asesinadas en el actual sexenio del gobierno federal, de las cuales 11 de ellas pertenecen al estado de Oaxaca, sin que existan avances en las investigaciones.

“Tal como es el caso de los cinco defensores asesinados durante el 2021 en la comunidad del Paso de la Reina, mismos que a la fecha no presentan avance alguno y tampoco se ha garantizado condiciones de seguridad para las comunidades que defienden el Río Verde”.

Mujeres defensoras

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Claudia Uruchurtu, activista anticorrupción/ Foto: Cortesía

La Red de Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) advierte que ha podido identificar que las siete entidades federativas más peligrosas para mujeres en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos son: Oaxaca, con un 15.7% de los casos; Ciudad de México, con un 6.8%; Jalisco, con un 4.4%; Puebla, con un 4.3%, y tres entidades con un 2.6%: Veracruz, Guerrero y Sonora. 

Estos estados, sostiene la RNDDHM, se caracterizan por luchas históricas en defensa de la tierra y el territorio, y de los derechos de las mujeres, por la presencia de grupos de la delincuencia organizada y por un pasado marcado por la represión de la protesta social, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y sociedades conservadoras.

“En el caso del estado de Oaxaca, con base al registro de la RNDDHM, realizado junto con Consorcio Oaxaca, durante el primer semestre de 2020 fueron documentados 135 ataques contra 22 mujeres defensoras, 10 periodistas y 9 organizaciones y colectivos. El 61% de estos hechos, se cometieron desde que fue decretada la emergencia sanitaria por Covid-19”, asegura la asociación civil.

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Óscar Cazorla, activista muxe/ Foto: Cortesía

El informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”, elaborado por cuatro organizaciones de la sociedad civil, sostiene que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México continúan bajo un ataque sistemático.

Y asegura que a partir de la entrada del gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, los altos niveles de violencia contra personas defensoras y periodistas se han agravado. 

“En el año 2019, al menos 21 personas defensoras y 10 periodistas fueron asesinados. A septiembre de 2020 se tiene registro de al menos 18 personas defensoras de derechos humanos asesinadas, incluyendo nueve defensoras del medio ambiente, cinco defensoras por una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y población LGBTTTIQA+ y cuatro periodistas”

También afirma que las entidades con mayor índice de violencia contra personas defensoras y periodistas son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Morelos, Estado de México, Chiapas y Chihuahua. Entre las víctimas letales registradas, ocho fueron mujeres; y cuatro de ellas mujeres trans.

“Además de las agresiones letales, las personas defensoras y periodistas continúan enfrentando intimidación y hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y digitales, detenciones arbitrarias, uso arbitrario del sistema de justicia en su contra, entre otras. Estos actos provienen principalmente de servidores públicos; y, en segundo lugar, de parte de particulares, a través de empresas y actores del crimen organizado”.

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Tomás Martínez, defensor del territorio y líder regional del Frente Popular Revolucionario /Foto: Cortesía

El informe detalla que también registraron casos de campañas de desprestigio contra personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y medios de comunicación. 

“Como ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando, durante la conferencia de prensa matutina que diariamente encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló a distintas organizaciones, entre esas el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Animal Político, entre otras, de recibir financiamiento por fundaciones internacionales para oponerse al proyecto Tren Maya, infiriendo que su labor en defensa de los derechos humanos sería ilegítima”.

GPP

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