Redacción Oaxaca Político / NVI Noticias.- Por los graves daños económicos y sociales que generan las marchas, protestas y bloqueos de oficinas públicas en la entidad, por más de una década empresarios, autoridades estatales y legisladores han propuesto reformas legales para regular este tipo de acciones de grupos sociales; sin embargo, hasta la fecha ninguna ha prosperado en el Congreso estatal.

En abril de 2014, el diputado panista Gerardo García Henestroza, legislador por el Partido Acción Nacional e integrante de la 62 legislatura, propuso la iniciativa de Ley que Regula las Marchas y Manifestaciones en Lugares Públicos en el Estado de Oaxaca.

Más tarde, en diciembre del mismo año, la asociación civil Oaxaca en Orden presentó al Congreso local una propuesta de Ley para la Libertad de Vía Pública y Derecho de Tránsito, con el propósito de solucionar el incremento exponencial de manifestaciones, marchas y mítines en la entidad.

A pesar de ello, ninguna de las propuestas prosperó.

Dos años después, el junio del 2016, trabajadores del Centro Histórico informaron que habían presentado al Poder Legislativo una iniciativa de ley a fin de regular las marchas y manifestaciones en la entidad, esto con la finalidad de que los sindicatos y organizaciones se conduzcan con respeto y legalidad sin afectar a terceros.

Argumentaron que “los trabajadores también pagamos impuestos, tenemos necesidades y ninguna autoridad nos escucha, ya basta de tantos bloqueos y marchas en Oaxaca”.

 Propuesta más reciente

En noviembre de 2017, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que presentaría una iniciativa para regular las marchas en el estado de Oaxaca, en el contexto de la instalación del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Oaxaca.

Aseveró que se actuaría en contra de todas aquellas organizaciones o grupos que desestabilicen la entidad con movilizaciones, esto con el propósito de que no se siga afectando más a los ciudadanos oaxaqueños; y adelantó que las sanciones no serían de carácter penal, sino administrativo.

Pero, aunque no la presentó, un mes después la diputada priista Laura Vigñon Carreño puso a disposición de sus compañeros legisladores la iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Cultura Cívica del Estado de Oaxaca, que tenía por objeto, entre otros, “organizar el actuar del Estado, ante el ejercicio de movilidad de las manifestaciones públicas que se realicen en el estado de Oaxaca, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos y libertades de la colectividad”.

En la misma, se establecía un procedimiento que debían observar quienes participen en una manifestación, un catálogo de infracciones y las sanciones para quienes incumplan con lo establecido en dicha legislación.

Y, en enero de este año, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Leonardo Díaz Jiménez, presentó una iniciativa de Ley de Manifestaciones del Estado de Oaxaca, con la que se busca regular y castigar la protesta social en el estado.

La iniciativa contempla la prohibición a los manifestantes de proferir insultos o amenazas, emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen, así como bloquear las vías primarias.

En caso contrario, estipula, la autoridad podrá disolver la manifestación.

Aunque a pesar de todo, ninguna iniciativa ha sido siquiera discutida ante el pleno, ya que simplemente se han mantenido en la “congeladora”.

GPP

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