Redacción Oaxaca Político / El Imparcial de Oaxaca.- A 12 años del desplazamiento forzado de un grupo de habitantes de San Juan Copala, con una marcha que partió de la fuente de las 8 Regiones con destino al zócalo de la ciudad, pidieron al gobierno electo de Salomón Jara Cruz soluciones duraderas.

Con consignas, pidieron el retorno seguro a su comunidad, pero también la libertad para cinco integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI) que están detenidos.

En su pronunciamiento, señalaron que hace más de una década los despojaron de su territorio, quemaron sus casas, sus huipiles y meses antes de esta situación, los dejaron sin servicios de agua y luz.

De acuerdo con los señalamientos, las personas responsables serían integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), grupos con quienes se han enfrentado.

Recordaron que el 27 de abril de 2010 cuando recibirían ayuda humanitaria, la activista Betty Cariño del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y Jyri Jaakkola, defensor de los derechos humanos de origen finlandés, fueron asesinados a pocos kilómetros de San Juan Copala.

Entonces, también pobladores de esta comunidad que participaban en la caravana fueron heridos y sobrevivieron a la masacre, y después de esos hechos, siguieron los eventos violentos que han privado de la vida a indígenas de esta comunidad, dijeron.

En su denuncia, añadieron que en el 2008 se creó la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, en el municipio de San Juan Copala y cuyas conductoras Teresa Bautista Merino, de 24 años y Felicita Martínez Sánchez, de 22, fueron asesinadas.

Por ello, pidieron justicia y castigo a quienes han sembrado la violencia en este territorio. “Siguen los casos de protección implícita a grupos caciquiles, paramilitares como los que desencadenaron el desplazamiento interno forzado de cientos de familias de San Miguel Copala y del Juan Copala, desde hace más de 12 años”.

Ante esto, exigieron al gobierno electo de Salomón Jara Cruz soluciones duraderas, el retorno a San Juan Copala como lo plantea la relatora especial de la ONU, Cecilia Jiménez y garantías para las familias.

GPP

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