El buen juez / En opinión de María Idalia Gómez

Redacción MXPolítico.- En 1847 se concedió el primer amparo en México, lo solicitó un abogado que ejercía el periodismo en El Monitor Republicano, Vicente García Torres, a quien Antonio López de Santa Anna confiscó su imprenta y ordenó su captura por las críticas que publicó al ser ratificado el Tratado Guadalupe Hidalgo. Aunque no tuvo éxito, narra el magistrado Manuel González Oropeza, cobraba forma la única arma ciudadana contra los actos arbitrarios de las autoridades y leyes que violaran los derechos constitucionales.


Esta herramienta de defensa ahora le estorba al presidente Andrés Manuel López Obrador frente a una resolución —aunque sea preliminar—, que no se acomoda a su visión, a su verdad. Es cierto que a través del juicio de amparo se han cometido abusos que jueces y magistrados han tolerado, pero eso no puede ser argumento para que Morena promueva una reforma y al mismo tiempo se encienda una hoguera para quemar a un juez. 

Una vez más, el linchamiento público pretende sustituir los recursos jurídicos que dan forma a una verdadera democracia. 


Los jueces deben ser el punto de quiebre para el poder y frenar sus abusos. En ese dilema está el Poder Judicial de la Federación hoy, y en particular el ministro Arturo Zaldívar, que conoce muy bien el trabajo del juez Juan Pablo Gómez Fierro, a quien ratificó hace cinco meses porque su trabajo lo avalaba. El Consejo de la Judicatura Federal no encontró entonces algún reproche sobre su trayectoria y decenas de resoluciones.


Y vaya que su currículum lo avala, no sólo por las cuatro especialidades que tiene junto con una maestría, sino porque ha recorrido cada uno de los peldaños del Poder Judicial de la Federación, desde oficial judicial. Aunque ha tenido reveses en sus fallos, en general sus resoluciones han sido reconocidas por colegas y por el propio Consejo de la Judicatura, al considerarlas innovadoras, sólidas y utilizando criterios en derechos humanos de última generación.


Una de sus especialidades se ha convertido en emitir sentencias que sean accesibles de entender, cercanas a los ciudadanos. Ha obligado a instituciones a atender pacientes, remozar escuelas y hasta ha beneficiado al propio López Obrador.

Pero ahora que al presidente no le agradó que emitiera suspensiones provisionales contra la reforma energética, que la frenan al menos momentáneamente, no se escuchó al Poder Judicial al unísono y con voz potente salir a defenderlo.


Las dudas se han centrado en que la primera suspensión que se otorgó (a las que ya se sumaron varias más) la hizo extensiva argumentando la ventaja competitiva y también el daño ecológico, tomando como apoyo los «principios de precaución» que la Segunda Sala de la Corte ha emitido ante una acción que pueda ser irreparable. 

Es debatible. Hay criterios en contrario y el amparo no puede tener efectos generales. Aunque también puede ser considerada novedosa a la luz de las recientes reformas en materia de amparo, porque en su reflexión al otorgar una medida cautelar con efectos particulares, no sólo se les otorgaría una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que además, podría ocasionar distorsiones en el mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector.


El Colegiado que revisa esta suspensión sólo puede resolver que es válido su argumento o que fue contrario a la normatividad y jurisprudencia. Pero el juicio seguirá su curso.
La comisión de disciplina del Consejo mostrará su estatura al resolver la petición del presidente si investiga o no al juez Gómez Fierro, lo que será un mensaje muy fuerte internamente. 


No será la primera vez que Andrés Manuel López Obrador intente minar al Poder Judicial, pero de cómo lo haga esta vez, sí puede depender su futuro. 

Autor: María Idalia Gómez


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