Otorgan medidas cautelares a integrante del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción

Redacción Oaxaca Político.- La denuncia por violencia política en razón de género y discriminación como mujer indígena zapoteca en el desempeño de sus funciones, interpuesta por Reyna Miguel Santillán, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (CPC-Oaxaca), fue enviada el pasado 22 de febrero de 2021 al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).

Esto sucede, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) analizó su denuncia y le otorgó medidas cautelares.

En esta etapa procesal se acreditaron los elementos que configuran y demuestran la existencia de violencia política en razón de género, en la que señaló como responsables al diputado local Enrique César Morales Niño; al presidente del CPC-Oaxaca, Francisco Pablo Munguía Gaytán, y al secretario técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Eugenio Alberto García Hernández.

Reyna Miguel los denunció a principios de este mes de febrero por ejercer acciones intimidatorias para que se separara de su cargo ciudadano, así como de emprender una campaña mediática en su contra, de obstaculizar e invisibilizar sus funciones en el organismo, la retención de pagos, entre otros agravios que detalló, y que asegura, fueron probados en la denuncia.

La integrante del CPC-Oaxaca  informó que el TEEO “cuenta con un breve término para emitir la sentencia de mi caso, según el artículo 339 apartado 2 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO)”.

“En este sentido, espero que la autoridad competente realice un estudio minucioso y a fondo de mi denuncia, que su análisis sea bajo una perspectiva de género e intercultural que permita el dictado de sentencias, que generen precedentes que inhiban la violencia política por razones de género y discriminación”, afirmó.

Reyna Miguel agregó que es urgente que no exista impunidad en los casos de acoso político y de violencia política en contra de las mujeres, “para evitar que se continúen registrando más hechos de este tipo que intentan desalentar a las mujeres a que participen en los cargos de toma de decisiones de manera activa, paritaria y en igualdad de condiciones”.

GPP