19/02/2020 - 06:00

Redacción MX Político

El gobernador Alejandro Murat anunció que se ofrecerá una recompensa para poder detener al autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista, María Elena Ríos con el objeto de aplicar todo el peso de la ley. Desde el pasado 14 de enero el juzgado primero de Oaxaca ordenó hacer efectiva una orden de aprehensión contra el exdiputado, Juan Antonio V. C., a quien se le identifica de haber planeado la agresión.

Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional sobre reconstrucción, el Gobernador dijo que “estamos anunciando una iniciativa con el fiscal del estado” para ofrecer esta recompensa que complementará otros esfuerzos en los que se pretenden involucrar a los medios de comunicación, se facilitarán teléfonos para recibir información “para encontrar a este presunto autor intelectual –al cual no identificó por su nombre- y la Fiscalía (General del Estado de Oaxaca) ya está lista”.

Murat consideró necesario que se sumen esfuerzos “para mandar un mensaje claro de que no hay impunidad cuando se violan los derechos de una mujer en México. Hay que tener un mensaje importante contra la impunidad y detener a quienes participan en la violencia contra la mujer.

Ofrecen recompensa de 1 mdp por agresor de saxofonista

La Fiscalía General de Oaxaca (FGO) dio a conocer la ficha de búsqueda y localización del empresario Juan Antonio V. C. por tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos.

Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general de Oaxaca, anunció una recompensa de hasta un millón de pesos para dar con el presunto autor intelectual de rociar ácido sulfúrico a la joven de 26 años en septiembre del año pasado.

Precisó que la ficha de búsqueda tiene el propósito de alentar la denuncia ciudadana y evitar que este caso quede en la impunidad.

El sujeto tiene 56 años, cabello color negro, pesa 80 kilos y mide 1.70 metros. Para cualquier información, la Fiscalía pide llamar al 951 568 4929 o al 089.

El fiscal adelantó que se valora, con las instancias federales correspondientes, el congelamiento de las cuentas bancarias y posible suspensión del funcionamiento de las gasolinerías, propiedad del exlegislador priísta, hoy prófugo, pues sus negocios le permiten tener los medios económicos para desplazarse junto con otras dos personas, sus presuntos cómplices.

Vasconcelos Méndez aseguró que esta nueva acción emprendida por la institución a su cargo fue informada previamente a la representante legal de la víctima y a sus familiares.