Congreso de la CDMX presiona a fiscalía de Oaxaca para impartir justicia por caso de saxofonista

Redacción MX Político

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México urgió a la Fiscalía General de Oaxaca para que proceda legalmente contra el empresario y exdiputado priista Juan Vera Carrizal, por su presunta participación en el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, el pasado 9 de septiembre.

Durante la presentación de la propuesta, el diputado de Morena, Ricardo Fuentes, condenó que ataques “desagradables y ofensivos” como el de María Elena se sigan permitiendo en el país.

En ese sentido, el congresista capitalino lamentó que el Juzgado Cuarto de Distrito de Oaxaca haya otorgado –el pasado 27 de diciembre- un amparo a Vera Carrizal contra cualquier orden de aprehensión en su contra a cambio de una garantía de 3 mil 500 pesos.

“Es un hecho lamentable, injustificable y reprobable que se conceda un amparo debido a la gravedad de los hechos y a las pruebas que ha presentado la familia Ortiz a la Fiscalía, donde responsabilizan al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal”, criticó.

Pese a ello, el morenista confió en que la autoridad correspondiente revisará el amparo, a fin de evitar que dicho recurso sea una suspensión definitiva, y permita a la Fiscalía oaxaqueña actuar en consecuencia.

Congreso oaxaqueño rechaza discusión

Durante la primera sesión del 2020, el diputado del Partido del Trabajo (PT), César Morales Niño, presentó un acuerdo para que la legislatura local “condenara el deleznable ataque” contra María Elena Ríos Ortiz, pero la mayoría consideró que la propuesta no era urgente, por lo que se turnó a comisiones para su estudio y análisis.

La propuesta del petista busca que el gobierno del estado, encabezado por el priista Alejandro Murat Hinojosa, garantice “la integridad física y psicológica de María Elena y de sus familiares y amigos que se encuentran en calidad de víctimas indirectas”.

Además, pide a la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca que solicite protección y el otorgamiento de medidas cautelares tanto a la víctima como a sus familiares y amistades.

Finalmente, el congresista dijo que dicho caso coloca a Oaxaca en la órbita de la impunidad y negligencia, pues el “el Estado impide que las mujeres tengan acceso al derecho a la justicia y la reparación del daño para las víctimas de violencia por la falta de sensibilidad de los operadores judiciales, y de la demora en la iniciación de investigaciones”.

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