México y Colombia: dos guerras con medio millón de muertos / En la opinión de Rafael Croda

Rafael Croda / APRO / MX Político.- Hace unos días, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia divulgó un informe que contiene cifras sobrecogedoras sobre la magnitud de la guerra interna que ha vivido este país durante los últimos 60 años. En ese lapso, el conflicto armado ha causado 262 mil 197 muertes, una cada dos horas en promedio.

Y, tal como ocurre en México, el combustible que alimenta esa violencia es la droga. 

Solo con las enormes rentas ilegales que generan la producción y el tráfico de cocaína, mariguana y heroína se explica el poder de fuego que tienen los grupos criminales en Colombia y en México.

Por eso las guerras en los dos países han tenido costos sociales tan altos.

Desde que en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico en México, hasta junio pasado, es decir, en 11 años y medio, se han producido 257 mil 556 homicidios en el país, uno cada 25 minutos en promedio, según cifras del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto significa que las guerras en Colombia y en México, los países que han pagado el costo más alto -junto con los centroamericanos-- en la lucha mundial antidrogas, han dejado un saldo de 519 mil 753 muertos, un número similar al de la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las diferencias entre las dos naciones, desde luego, son varias. Para empezar, las cifras de Colombia corresponden a un conflicto armado interno que involucra a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y algunos particulares. Las cifras de México, en cambio, tienen relación con una guerra del crimen organizado y el Estado, esencialmente.

Por otro lado, México tiene una población 2.6 veces mayor que la de Colombia.   

Además, los datos de víctimas fatales en Colombia incluyen un lapso de 60 años, entre 1958 y julio de 2018. Los de México abarcan apenas 11 años y medio, el sexenio de Calderón y lo que va corrido del de Enrique Peña Nieto, quien no pudo o no quiso cambiar la fallida estrategia de seguridad de su antecesor.

Lo peor es que, pese a su alto costo social, la guerra contra el narcotráfico en México no sólo ha fallado en su objetivo de derrotar a los cárteles de las drogas, sino que ha provocado un desastre en materia de seguridad ciudadana y de derechos humanos.

Durante el sexenio de Calderón (2006-2012), los homicidios aumentaron en 102% con relación al de su predecesor, Vicente Fox, y los cárteles alcanzaron un control territorial sin precedentes, lo que abonó el terreno para el surgimiento de grupos de autodefensas en Michoacán y Guerrero. 

Además, ocurrieron masacres como la de 2011 en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontradas fosas clandestinas con unos 200 cadáveres de inmigrantes centroamericanos, y la del casino Royale de Monterrey, que dejó 53 muertos.     

Y luego de que Calderón perdió la guerra, y de que dejó un país con 121 mil 613 muertos y 24 mil 956 desaparecidos –según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)--, Peña Nieto logró lo que parecía imposible: superar el saldo en víctimas de su antecesor panista.

A cuatro meses de concluir, el sexenio de Peña Nieto ya figura como el más violento de la historia moderna de México, con 135 mil 943 homicidios hasta junio pasado, uno cada veinte minutos en promedio, de acuerdo con datos del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, el RNPED indica que desde el inicio del gobierno del priista hasta abril pasado se reportaron 24 mil 466 desaparecidos en el país, uno cada dos horas en promedio. Entre ellos figuran los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Memorial de guerra

En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), un organismo estatal cuya misión es contribuir a la reparación y el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto y documentar los hechos de violencia, registra 80 mil 514 desaparecidos en 60 años, casi cuatro cada día.

Además, otras 37 mil 93 personas fueron víctimas de secuestro, y los actores del conflicto –paramilitares, guerrilleros, agentes del Estado-- cometieron 15 mil 687 ataques sexuales. 

En el mismo lapso se produjeron cuatro mil 222 masacres que dejaron 24 mil 518 víctimas.

De las más de 260 mil muertes ocurridas durante el conflicto armado, el 43% se atribuyen a paramilitares de extrema derecha, y 16%, a la guerrilla. 

La labor de esclarecimiento y de memoria histórica que realiza el CNMH es considerada por especialistas en solución de conflictos como un elemento fundamental en la perspectiva de construcción de paz, democratización, reconciliación y erradicación de la violencia.

A diferencia de México, donde la guerra contra los grupos armados ilegales no ha tocado fondo, a juzgar por el aumento de los homicidios –en el sexenio de Peña Nieto han crecido un 15% con respecto al de Calderón--, en Colombia hay un declive sostenido de la violencia asociada al conflicto armado.

Por ejemplo, los asesinatos selectivos alcanzaron su punto más crítico en Colombia en 2002, cuando se registraron 16 mil 393. El año pasado se registraron menos de 100.

Y los homicidios también se ubicaron en 2017 en un mínimo histórico. Ocurrieron 11 mil 718, que equivalen a 24 por cada 100 mil habitantes, el más bajo índice de los últimos 42 años.  

Un factor que explica esta caída es el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que se tradujo en el desarme de unos 12 mil hombres. 

Aunque unos mil 200 excombatientes han retomado las armas para involucrarse en actividades ilegales, como el narcotráfico, las reincidencias que se han visto hasta ahora están dentro de los parámetros de cualquier proceso de paz en el mundo.

Mientras el entrante gobierno del presidente Iván Duque cumpla con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano y apacigüe al sector más radical de su partido, el ultraderechista Centro Democrático, que ha prometido “hacer trizas” los acuerdos con las FARC, la violencia en Colombia seguirá en descenso.

Otro escenario se abriría si Duque, quien asumirá la Presidencia este martes 7, promueve en el Congreso o vía referendo modificaciones que alteren el sentido de lo acordado con las FARC, como impedir a los excomandantes de esa exguerrilla hacer política o hacerlos pagar con cárcel, y no con penas alternativas, los delitos graves que cometieron en el marco de la guerra. 

En ese caso, las disidencias de las FARC podrían aumentar y será más complejo para el Estado hacer frente a una nueva guerra cuyo principal combustible sería, de nuevo, la coca y su transformación en cocaína.   

En México, habrá que ver si la nueva estrategia de seguridad que propone el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, logra romper el ciclo de violencia que se inició con la guerra que le declaró Calderón al narcotráfico.

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