Ingobernabilidad por sangre y muerte en los líos agrarios / En la opinión de Alfredo Martínez de Aguilar

Por: Alfredo Martínez de Aguilar

Contraria a la lógica occidental, a diferencia de otros pueblos, los indígenas oaxaqueños siempre están dispuestos a matar y morir por un pedazo de tierra así sea un simple surco. Ésta, la tierra, es principio y fin, cuna y tumba.

Ello es resultado de nuestra idiosincrasia cultural. En la cosmovisión indígena la Tierra es nuestra madre y el Sol nuestro padre. En la tierra están enterrados nuestros muertos y nuestro ombligo.

Solo de esta manera es entendible por qué a lo largo de los años y en algunos casos por siglos, los indígenas de los 16 grupos étnicos riegan con su sangre y carne las tierras del campo oaxaqueño.

Oaxaca tiene una marcada diversidad social, política y agraria que se manifiesta en sus 570 municipios, en los 16 pueblos indígenas con su pluralidad lingüística. Un territorio de 94 mil kilómetros cuadrados, que se divide en ocho regiones y donde existen 777 ejidos, 711 comunidades y 14 colonias agrícolas.    

Si alguien está plenamente consciente e informado de este baño de sangre indígena y campesina, es el Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud Mafud.

El responsable de la política interior registra que a la fecha, existen 365 conflictos agrarios, en su mayoría por límites. De ellos 33 son considerados de alto riesgo, 104 de mediana intensidad y 228 de bajo riesgo.

Con la amplia experiencia que le caracteriza al ser Secretario de Gobierno por tercera ocasión, Mafud advirtió que en materia agraria, cualquier asunto puede convertirse, en un momento dado, de alto riesgo.

Reconoce que la conflictividad agraria puede tener como consecuencia la muerte de los habitantes de esas comunidades, daños materiales y abandono de la tierra, y por ende improductividad.

La consecuencia de los enfrentamientos por conflictos agrarios tiene como secuelas el odio generacional entre las familias de los innumerables muertos, heridos y desaparecidos, con un terrible impacto en la gobernabilidad de Oaxaca.

En otras palabras, pone de manifiesto la realidad oaxaqueña: Somos un Estado eminentemente rural, con problemas agrarios tan añejos que alcanzan en promedio cincuenta años de existir.

Ante esta cruel, cruda y descarnada realidad, el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionales en Materia Agraria, proponen la creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios del Estado de Oaxaca.

El análisis del costo-beneficio de la fusión de las dependencias del sector agrario es sumamente positivo para el Gobierno de Oaxaca al evitar duplicar y dispersar esfuerzos y recursos económico-financieros, humanos y materiales, con el consecuente ahorro que ello traerá consigo.

Ahí están los recursos presupuestales asignados a la Junta de Conciliación Agraria, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y la Comisión de Límites, así como el personal técnico y administrativo de las mismas. 

Pero el beneficio más importante, por invaluable, es el impacto social al garantizar la gobernabilidad y fortalecer en consecuencia la paz y tranquilidad social, requisito indispensable para atraer inversiones nacionales y extranjera, y detonar el crecimiento y desarrollo de Oaxaca.

Para lograr lo anterior, se propone llevar a cabo una Reforma de Estado en materia agraria en Oaxaca, a través de una política pública para la atención de la problemática agraria y territorial, mediante una institución, cuya presencia y fortaleza, permita un trato alternativo a los sujetos agrarios y con las dependencias que atienden la materia a nivel federal, por ser parte de sus atribuciones, de acuerdo con el artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Confían que su propuesta sea bien acogida por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, dado que Héctor Anuar Mafud al tomar posesión del cargo de Secretario General de Gobierno, de inmediato se avocó, con la Junta de Conciliación Agraria, a la puntual atención de los referidos problemas.

A los conciliadores se les han impartido cursos para la formación de mediadores especializados en materia agraria, que sean profesionales y calificados, dotándoles de las herramientas necesarias para lograr la solución de los conflictos que atiendan en las comunidades.

En un primer acercamiento con el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud manifestó la plena disposición del Ejecutivo para llevar a cabo los cambios que permitan fusionar las dependencias que atienden la cuestión agrario-territorial en un proceso sistemático y permanente para la integración de una política pública de regularización de la tenencia de la tierra.

La misma disposición, actitud positiva y voluntad política encontraron los directivos del Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionales en Materia Agraria con la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María de las Nieves García Fernández.

A la reunión con la presidenta de la Jucopo del Congreso del Estado asistieron el antropólogo Carlos Moreno Derbez, el doctor en derecho Magdiel Hernández Caballero, los licenciados Juan José Servien Bolaños, Heraclida Pérez Espino, Agustín Vale Martínez y el columnista.

Respetuosa de sus compañeros de las demás fracciones parlamentarias, la diputada García Fernández se comprometió a hacer llegar la propuesta a los coordinadores de Morena, del PRD, del PAN y del PT, así como de las Comisiones de Estudios Constitucionales, Administración de Justicia y de Asuntos Agrarios.

Indispensable es contar, desde luego, con el visto bueno del Jefe del Poder Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, a fin que el Congreso del Estado dé entrada formal a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para crear la Secretaría de Asuntos Agrarios.

La propuesta ha sido ya presentada desde hace 12 años a diferentes instancias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado. La primera ocasión con el Poder Legislativo tuvo lugar en 2006, misma que fue actualizada en 2012.

En ambas propuestas, se ha reiterado la imperiosa necesidad de transformar el aparato público estatal, así como el trato de que debe ejercerse para avanzar de manera contundente en la regularización de la tenencia de la tierra en el Estado de Oaxaca.

La última presentación fue ampliamente discutida entre el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionales en Materia Agraria con los diputados dela Comisión de Asuntos Agrarios del Congreso del Estado, presentada al Pleno del Poder Legislativo y enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.  

Con el inicio del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se ha retomado la insistencia que esta ambiciosa propuesta sea analizada, discutida y aprobada, en su caso, a efecto de lograr la transformación que lleve a la Reforma de Estado con la creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios. 

Los funcionarios comisionados en la atención de los asuntos agrarios han realizado del mes de mayo de 2017 al día de hoy, alrededor de 600 reuniones conciliatorias y veinte trabajos técnicos, logrando así que se hayan suscrito cinco convenios definitivos de conciliación agraria. 

Estas cantidades que se dicen fáciles, representan aproximadamente 150 kilómetros lineales de linderos convenidos y más de mil hectáreas.

Con orgullo, Héctor Anuar Mafud afirma que ya son tierras que laboran en paz, y asegura que en los últimos meses, gracias a la voluntad y disposición de las comunidades agrarias, y al esforzado trabajo de los integrantes de la Junta de Conciliación Agraria del Estado, se resolvieron ocho asuntos:

Santo Tomas Quieri y Santa Catalina Quieri estuvieron en conflicto durante 50 años. De igual forma, Yaxe y San Pedro Taviche habían estado en pugna por 50 años. La disputa de San Isidro Lagunas con Santo Tomas Texas duró 35 años. 

San Isidro Lagunas y Cerro Mirador no habían llegado a un acuerdo desde hace 30 años. San Francisco Cahuacua y San Mateo Sindihui habían padecido enfrentamientos por 40 años.

Este último asunto, justo como lo ha advertido el Secretario General de Gobierno, en un instante se convirtió en un conflicto de gravedad que produjo lamentablemente la pérdida de dos vidas humanas: una persona de cada pueblo.

Estas comunidades, al ver el alcance y costo que había tenido como consecuencia el conflicto que vivían, haciendo uso de la sabiduría que caracteriza a nuestros pueblos indígenas, y gracias al trabajo de la Secretaría General de Gobierno, impusieron la paz y manifestaron su vocación por la conciliación.

Mafud agradeció, con una mención especial, la participación que tuvo en la solución de este asunto la diputada Adriana Atristain Orozco.


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