Primera Década a la Reforma Constitucional del Sistema Penal. Mitos de la justicia penal / En la opinión de Tojil

Por Tojil

 

Durante este periodo de campañas electorales, se han escuchado distintas voces y propuestas respecto a cómo reducir la impunidad y la corrupción de nuestro país. Desafortunadamente, ha habido un gran ausente, quien es a su vez un gran aliado; el Sistema de Justicia Penal. Este 16 de junio de 2018, se cumple la primera década de la histórica reforma constitucional que transformó la justicia penal en nuestro país. La cual, tuvo como objetivo principal, transitar de un sistema penal inquisitivo a uno de corte acusatorio.

 

Ello, en palabras más sencillas, implicaría dejar los procesos penales en los obscurito, que se dejaría de encerrar en la cárcel a personas sin pruebas, que se dejarían atrás las muy tradicionales torturas por parte de ministerios públicos y policías y, sobre todo, que se terminarían los grandes vicios de ineficacia y corrupción que por mucho tiempo han sido fieles compañeros de la justicia penal.

 

Sin embargo, pese a todos los importantes esfuerzos que se han realizado a lo largo de estos últimos 10 años, la realidad parece no corresponder con la expectativa. En este año el World Justice Proyect (Rule of law Index 2017-1018) estableció a México como el país 92 de 113 países en estado de derecho; siendo la justicia penal el peor rubro evaluado, como el país 105 de 113. Ahora bien, resulta igualmente preocupante que, a 10 años de haberse implementado esta trascendental reforma, no se cuente con información homologada, pública y confiable que permita a nivel interno monitorear y evaluar su operación de manera objetiva.

 

No obstante, pese a las importantes deficiencias de información oficial al respecto, las investigaciones realizadas por diversas organizaciones muestran una realidad que parece no distar mucho de la realidad que se tenía en el sistema tradicional (anterior). Por ejemplo: de acuerdo con la ENVIPE 2017, durante el año 2016 el 93.6% de los delitos se quedaron completamente impunes, ya que no se inició ninguna investigación al respecto, de lo cual, podemos advertir que el país enfrenta uno de los índices de cifra negra de delitos más altos de Latinoamérica donde prácticamente solo uno de cada diez delitos se denuncia.

 

Aunado a ello, de éste apenas diez por ciento de delitos que llegaron al Ministerio Público para ser investigados, solo fueron determinados 40.05% en el ámbito local y 52.5% en el ámbito federal [Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) 2017], de ello se advierte que prácticamente de la mitad de los casos que se denunciaron durante el año, no se obtuvo ningún resultado. Ahora bien, respecto de esa mitad que tuvo alguna determinación solo 4 de cada 100 fueron judicializados, es decir, llegaron a un proceso penal ante un Juez (CIDAC 2017).

 

Ello expone el verdadero corazón de la grave impunidad que enfrente nuestro país. Ante este escenario sumamente alarmante, sobre todo en un país que acaba de pasar el año más violento de la historia contemporánea (2017 SESNSP), han surgido importantes voces en relación con buscar culpas y culpables. En ese andar, lo más sencillo y lo más rentable, parece ser culpar al propio diseño del sistema acusatorio, como causante de la crisis de impunidad en materia de justicia penal. Desafortunada o afortunadamente ese es más un mito que una realidad.

 

El diseño de sistema de justicia que prevé la ley actual es infinitamente mejor que el que existía antes, ello principalmente porque hoy tenemos la gran ventaja de que las deficiencias y las atrocidades se ven, suceden en audiencias públicas, el 100% de las personas que son sentenciadas lo hacen frente a un juez, en una audiencia grabada en audio y video. Hoy vemos continuamente a jueces, ministerios públicos, defensores expuestos ante mediante elsistema de audiencias, y eso es un paso un paso importante.

 

El único problema es que este paso no es suficiente. El Sistema de Justicia Penal, está corriendo como un auto de fórmula 1 en una pista sin pavimentar, resulta absurdo culpar al auto cuando no se tienen los elementos básicos para funcionar. Que el sistema penal acusatorio es más riguroso y más respetuoso de derechos humanos, es cierto y es lo mínimo que debe tener cualquier país que se dice ser democrático y esa es una realidad que se tenía desde hace 10 años, pero de la que poco se ha hecho por dotarle de las herramientas necesarias para funcionar.

 

Tenemos que afrontar la realidad, los grandes obstáculos de la justicia penal no son ni la ley ni que sea un sistema respetuoso de los derechos humanos, los reales enemigos son la gran corrupción que existe al interior del sistema de justicia penal en donde; desde las copias hasta la libertad tienen precio y las grandes deficiencias institucionales en donde tenemos Ministerios Públicos con turnos de 24 horas y con 5000 investigaciones a cargo, lo que la simple lógica nos deja ver que es materialmente imposible cumplir con su deber.

 

Es decir, el gran problema es completamente operativo, de instituciones fracturadas, ineficientes y llenas de vicios de corrupción. Ello no es producto de la casualidad ni de la mala suerte, ya que desde el 2016 la reforma, que en algunas entidades a penas iniciaba a operar, ha caminado prácticamente en un desamparo institucional. Ya que al terminar su implementación se extinguió el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal que estaba integrado por los tres Poderes de la Unión, sociedad civil y academia. Con ello, se dejo de lado el ejercicio de una partida presupuestal específica para el Sistema de Justicia Penal destinado tanto a la federación y las entidades federativas.

 

Tampoco se generó ningún esquema integral de seguimiento y rendición de cuentas. Por ello, a luz de las propuestas de un nuevo sexenio que está por iniciar, valdría a pena dejar los mitos atrás y pensar que con reformas legales se va a atender el problema de impunidad, porque esos solo sería como dar un paliativo a un enfermo terminal. Lo que se requiere es un verdadero diseño institucional que abarque principalmente a las fiscalías, policías de investigación, jueces, defensorías y asesorías jurídicas. Este no es un cambio menor, basta con darse una vuelta a casi cualquier fiscalía del país para notar la grande brecha. Pero el cambio requiere de una gran voluntad política, acompañada de recurso y diseño, de lo cual, poco se ha visto.

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La Asociación civil Tojil, lucha contra la impunidad sin fines de lucro, como una respuesta a la crisis del sistema de justicia, ha generado una propuesta innovadora para el combate a la impunidad, su Consejo Honorario está conformado por: Mtra. Ana Pecova, Ing. Daniel Greaves, Mtra. María Novoa, Dra. Viridiana Ríos y Dr. Rubén Quintino.

 

Las opiniones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien la escribe y no reflejan necesariamente la línea editorial de este medio.

 

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