CONAGO culpa al NSJP, pero no habla de los 15 mmdp que gastó para su implementación

La Barra Mexicana de Abogados consideró que el verdadero problema del Nuevo Sistema de Justicia Penal radica en la falta de capacitación de sus operadores.
 

Por Vanessa Solis
 
Ciudad de México.- Ante la posible salida de miles de reos "habrá que preparar a la sociedad", señaló hace unos días el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
 
Más que una advertencia sonó como una amenaza de lo que podría suceder debido a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
 
 A un año de la entrada en vigor del nuevo sistema, la batalla entre abogados, jueces y los gobernantes ha desatado una polémica sobre su implementación.
 
Según los gobernadores, el nuevo Código Penal ha abierto las puertas de las cárceles a los detenidos gracias a un modelo que califican de "híper garantista", que no contempla la prisión preventiva.
 
La Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) solicitó al Congreso de la Unión realizar cambios legales al nuevo sistema a fin de ampliar los delitos que ameritan prisión automática; consideran que los delincuentes no pueden enfrentar su proceso en libertad.
 
En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Seguridad presentó hace unos días una reforma para que las personas que son detenidas por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, no lleven su proceso en libertad.
 
"Si una persona es detenida con tres armas largas, cuatro lanzagranadas, cinco Barretts calibre .50, no puede ser que esa persona se vaya a su casa. Necesitamos modificar nuestros textos legales para que se disponga que exista prisión preventiva oficiosa en ese tema", dijo Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad.
 
Sin embargo, hay otra versión: las fallas son responsabilidad de los gobernantes.
 
El diario español El País publicó que son los gobernadores quienes dilapidaron durante años los millonarios fondos destinados para prepararse en este nuevo sistema.
 
Desde que en 2008 se aprobó su puesta en marcha progresiva en todo el territorio, y concluyó el año pasado, el Estado destinó casi 15 mil millones de pesos para construir salas orales y capacitar a la Policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial. Pero, pese a los recursos recibidos y el largo plazo para hacerlo, nada de esto ha ocurrido.
 
Por su parte, la Barra Mexicana de Abogados afirmó que el verdadero problema del Nuevo Sistema de Justicia Penal radica en la falta de capacitación de policías, peritos, fiscales y abogados, y por otro, la desinformación a la ciudadanía sobre las razones que justifican tales medidas.
 
En un comunicado señaló que la propuesta de la Conago de reformar la ley "es falaz, no obedece a un estado de derecho democrático y constituye propiamente una contrarreforma que denota regresión al sistema inquisitivo, abandonado ya desde la reforma constitucional del 18 de junio de 2008".
 
José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que respaldan por completo el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
 
Otra voz crítica hacia la responsabilidad de los gobernantes es Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa. En entrevista con Carlos Loret de Mola consideró que la reforma de la que nació el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es "fundamental para el país, porque busca poner al sistema alineado con las instituciones y poner al centro los derechos humanos".
 
Coincidió en que se requieren "policías profesionales, ministerios públicos que hagan su trabajo y jueces que sepan hacer su labor".
 
Edna Jaime dijo que antes de decir que se trata de un fenómeno de liberación masiva, hace falta "ponerle números y entender las razones de la liberación".
 
Explicó que tal situación puede ocurrir "porque los ministerios públicos no hacen bien su trabajo, o porque el primer respondiente no resguarda la escena, y si ese es el problema, la solución ¿es cambiar el modelo o acelerar el paso con la capacitación?".
 
Recordó que los gobiernos estatales "tuvieron ocho años de tránsito para capacitar, para cambiar modelos de gestión, para profesionalizar, para establecer".
 
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, fue coordinada por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (SETEC), un área con personal y presupuesto autónomo, encabezada por María de los Ángeles Fromow. Esta área creó indicadores de avance, ordenó el gasto e identificó prioridades.
 
La SETEC contaba con una matriz de indicadores que, se supone, evaluaban la operación del sistema y conocería los puntos débiles en cada estado, gracias a más de dos años de experiencia acumulada.
 
Pero luego de que arrancó la reforma y pese a que el presidente Enrique Peña Nieto se había comprometido en 2014 y 2015 a que continuaría la unidad, el gobierno cortó el apoyo financiero a la SETEC que terminó desmantelada, según información de Animal Político.
 
De acuerdo con las estimaciones hechas por la SETEC, el nuevo sistema penal operaría, en condiciones ideales y al 100 por ciento, hasta el 2024. 

 

FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

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