Los superdelegados de AMLO: disminuidos, bajo investigación e inoperantes

Redaccion MX Político.- Creadas en la actual administración, anunciadas como concentradoras de funciones y amplias atribuciones, las Coordinaciones Estatales de Desarrollo –conocidas como “superdelegaciones”– están disminuidas, carecen de facultades y enfrentan ya escándalos de corrupción.

A un año de su designación, al menos 10 de los “superdelegados” tienen procesos abiertos por nepotismo, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, un caso por posible complicidad en robo de alta cuantía y, entre otros delitos, uso político-electoral de los programas de Bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido reiteradamente a no permitir.

Es esto último lo que ya causó preocupación dentro de la administración de ­López Obrador y el lunes 2 los ­funcionarios que representan al gobierno federal en las entidades federativas fueron citados en el Palacio Nacional. Ahí, el mandatario les recordó que deben evitar inmiscuirse en actividades electorales y partidistas, en particular durante el proceso interno que se desarrolla en Morena, el partido creado por el presidente.

Desde el pasado 30 de octubre la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó a Gabriel García Hernández, el coordinador nacional de los superdelegados y artífice de la figura, quien habría usado padrones, funcionarios y al ejército de gestores conocido como “Servidores de la Nación” para impulsar la candidatura de Bertha Luján (madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde) a la dirigencia nacional de ese partido, según informó apro.

El contenido de la reunión fue ventilado por el mandatario el martes 3 en su conferencia de prensa matutina. Ese día advirtió a los superdelegados que, si se entrometían en procesos partidistas o electorales, ya ni siquiera pasarían por el proceso administrativo en la Secretaría de la Función Pública (SFP), sino que serían directamente acusados en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

También los urgió a resolver la instalación de los llamados Centros Integradores donde se propone poner mesas de atención para programas gubernamentales y la red de cajeros automáticos del Banco del Bienestar, con la idea de que se elimine definitivamente la intermediación y el reparto de dinero en efectivo.

Algunos asistentes a la reunión confiaron a Proceso que el tono fue enérgico, pues López Obrador prácticamente les dijo que sería la última vez que les toleraría escándalos; también les dijo que quienes tuvieran procesos pendientes en la SFP debían responder y que de encontrarse alguna responsabilidad serían separados del cargo por faltar a los principios de la administración.

Finalmente, el ultimátum incluyó un respaldo a Gabriel García, quien se quejó de que algunos delegados no lo atienden. Concretamente, el presidente les dijo: “Gabriel me va a informar de quién no está trabajando o anda en la politiquería y yo tomaré medidas”.

López Obrador tocado

La dirigente de Morena no ha sido la única que ha colocado el tema en la mira pública, pues la Coordinación General de las superdelegaciones ha llegado a poner al propio López Obrador en un aprieto por la promoción personalizada de las ayudas económicas que se dispersan mediante los llamados Programas de Bienestar.

Varios superdelegados –entre los que destacan aquellos que buscan o han buscado cargos de elección popular– emitían mensajes a través de redes sociales difundiendo acciones gubernamentales, mientras que los 13 mil empleados conocidos como “Servidores de la Nación” recorrían el país integrando padrones, con chalecos en los que, además de la iconografía oficial, podía leerse el nombre del López Obrador.

La Unidad de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el asunto el 8 de agosto. Una semana después emitió una prohibición y el 26 de septiembre emplazó al presidente, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, así como el coordinador general, Gabriel García, para que respondieran por el uso de recursos públicos por promoción personalizada, una actividad que está prohibida por el artículo 134 constitucional.

 

jvg

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