"En su momento lo daré a conocer...": AMLO

¿Cuál será la respuesta de la 4T?


Redacción MX Político.- "Tenemos otro recurso, que es el de poner por delante el interés de la nación: En su momento  lo voy a dar a conocer. Es lo único que puedo decir"; sentenció hoy por la mañana en su habitual conferencia el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde las instalaciones de la Trigésima Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco.

Ahí, el Presidente abordó entre otros temas, uno que en lo particular afecta la consumación de sus planes en materia de obra pública: el abundante número de amparos que han obligado legalmente a suspender las obras del aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México, al norte de la Ciudad de México.

Después de identificar por su nombre al que a su juicio, es el responsable, "quien está detrás" de tanto amparo y suspensión legal. Se trata -según el criterio presidencial- de Claudio X. González -uno de los dirigentes  y  voceros del ámbito empresarial más influyentes- López Obrador emitió una amenaza en la que es menester reparar por lo riesgoso y grave que puede resultar su consumación.
Las dos formas mediante las que el Gobierno de la República podría  "reventar "  ese afán de los "conservadores", de sus opositores, por hacer quedar mal al gobierno de López Obrador, al no permitir que se hagan las obras, para hacerlos quedar mal como administración ante sus electores y ante la opinión pública, es a través de un "golpe de mano" jurídico.

Cuestionables desde cualquier  punto de vista ambas, dado que la modernidad procurada por todos los confines del mundo, está íntimamente vinculada a gobiernos que no reprimen, que no abusan de la autoridad ni de su fuerza para llevar a cabo sus planes de gobierno.
Estos dos recursos sorpresas podrían ser:

1).- El Decreto de Expropiación;

2).- Las reformas legales a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para modificar la naturaleza jurídica de una o varias paraestatales, a fin de que no siendo parte del gobierno (contratista y ejecutor de la obra), no sería objeto de señalamientos por los gobernados de posibles actos de autoridad que agravien sus derechos.

Uno u otro; o ambos, serían "recursos" (para decirlo en el lenguaje presidencial), serían acciones duramente cuestionadas, por el enorme costo económico y político que implicarían.

Se antoja difícil que se aplique el segundo de los tipos de acción que emprenda el gobierno. Cambiarle por ejemplo la naturaleza jurídica a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), o al Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), a fin de desconcentrarlas del gobierno federal y hacerlas subsidiarias o de participación privada o incluso cooperativas.

Lo anterior a fin de que no puedan ser alcanzados por el medio extraordinario llamado amparo, que particulares han demandado en juicio por decenas, casi 80 en total.
También que los servicios que la construcción del inmueble la haga en lo sucesivo un particular o un grupo de particulares y no la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como actualmente sucede.

El escenario más probable, es que el gobierno se proponga realizar por decreto presidencial actos de expropiación, particularmente de terrenos aledaños y afectados -según se desprende de amparos concedidos-, por las obras de Santa Lucía.
La figura de la expropiación es una forma de decreto muy socorrido por regímenes totalitarios.
Se atribuye su origen dentro del derecho inglés. Específicamente en la ley inglesa que deriva de la forma de propiedad inmobiliaria. Los ingleses crearon los famosos Condados, que implicaron desde su origen el llamado Dominio absoluto, pues se asumía que los terrenos colonizados eran única y estrictamente propiedad de la corona británica. En estos predios, cuyos ocupantes eran sólo posesionarios. La autoridad podía confiscar mediante condena, los terrenos, en casos específicamente como cuando no pagaba el impuesto correspondiente.

En los tiempos modernos y en los regímenes jurídicos derivados del derecho románico y español, toda expropiación se entiende como una institución forzosa del derecho público administrativo y del estado en general. 
Es cuando se está ante la existencia de un interés público, legal y constitucionalmente como causa de utilidad pública o interés social.
Y bueno, habría que cuestionarnos si un capricho, o una revancha o como en este caso, una demostración de fuerza del gobernante en turno, constituye una causa de utilidad pública o de interés social.

 

 


Sería un costo enorme; duplicaría o triplicaría los costos de esa obra.

Sin embargo, por los antecedentes y las formalidades del gobierno de López obrador, por los modos de la 4 T, se antoja totalmente posible.

Así las cosas, se espera con interés que llega la próxima semana para  conocer en base al legítimo interés que como opinión pública poseemos, cuál es ese recurso que tienen reservado en el gobierno para proceder, a fin de responder en este escalado pleito que sostiene AMLO con Claudio X. González y sus "conservadores-neoliberales" enemigos.
 
hch 


 

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