En el Senado avanza reforma para tipificar como delincuencia organizada la defraudación fiscal

Redacción  Noticias MX.- En el Senado de la República, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, aprobaron el proyecto de dictamen con el que la defraudación fiscal por más de 7 millones de pesos se catalogará como delincuencia organizada, y la evasión fiscal que afecte las finanzas públicas se considerará una amenaza a la seguridad nacional.

Ello pese a los señalamientos de algunos legisladores de oposición --incluso de los propios autores--, en el sentido de que la propuesta, que tiene como fin el combate a las empresas fantasma, necesita mayor análisis ante el riesgo de que se convierta en una herramienta para cometer injusticias. 

El dictamen aún tiene que ser discutido por la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta.

"A mí lo que me preocupa es un tema de proporcionalidad y me preocupa que por aplicar de manera general la ley se violenten derechos individuales", opinó Vanessa Rubio, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los grupos del bloque opositor -Acción Nacional (PAN), PRI, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-- presentaron cambios al proyecto, para que en la redacción se especifique que las reformas están enfocadas exclusivamente en combatir a los falsificadores de facturas.

 

 

"Si no le queremos mandar un mensaje a los empresarios, a los inversionistas, de que ahí va a haber un instrumento, que por ahí de los años 95 o 96 se conoció como 'terrorismo fiscal', entonces seamos precisos", lanzó el perredista Miguel Ángel Mancera, quien votó en abstención.

"Consideramos que este régimen de excepción tendría viabilidad sí y solo si concentramos los alcances de estas propuestas en quienes hacen de la defraudación fiscal y de la compra-venta de facturas falsas un negocio", coincidió Minerva Hernández, del PAN, quien también votó en abstención, pese a que fue una de las promoventes de una de las iniciativas que forman parte del dictamen.

El proyecto plantea reformar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que incluya la defraudación fiscal cuando participen tres o más personas de forma reiterada y el monto de lo defraudado supere los 7 millones 800 mil pesos, y cuando se expidan o anexen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

También establece que serán una amenaza a la seguridad nacional los delitos fiscales "que por su relevancia y daño o perjuicio al fisco federal afectan las finanzas públicas del país". 

"Ha causado mucho ruido si este tema amerita ser de seguridad nacional, y yo les preguntaría: si con compra-venta de facturas se lavan activos en todos los países, si se lava dinero del narcotráfico, ¿no es un tema de seguridad nacional? ¿No es un cáncer esto?", cuestionó Samuel García (MC), uno de los autores de una de las tres iniciativas que constituyen el dictamen. 

Y criticó que se busque incluir la defraudación fiscal en el catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que implique sanciones de prisión preventiva oficiosa.

"Yo soy el más deseoso de que metan al bote a todos los factureros, pero si la (Suprema) Corte ha determinado que hay delitos de 30 o 40 años que no merecen prisión preventiva oficiosa y nosotros vamos a poner un delito de ocho años con prisión, obviamente es desproporcional, y yo sí le veo muchas armas para que luego la Corte tumbe la prisión", abundó. 

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta, de Morena, destacó que la iniciativa se analizó en mesas de trabajo en las que participaron todos los grupos parlamentarios e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Bancos de México (ABM). Pero no descartó modificaciones al dictamen que se pretende votar en el pleno en septiembre próximo. (Apro)
 

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