Presidencia no sabía de Rafa y Julión; el Presidente, no lo sé: funcionario

Un alto funcionario del gobierno mexicano que pide omitir su nombre asegura que la Presidencia de la República no sabía sobre la investigación que la OFAC hacía sobre Rafa Márquez y Julión Álvarez.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON (apro).- Desde mediados de 2016 el gobierno de Estados Unidos compartía con el de México el expediente criminal de Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante y lavador de dinero. Y aunque el documento incluye los nombres del futbolista Rafael Márquez Álvarez y del cantante Julión Álvarez, en Los Pinos presuntamente no estaban enterados del caso.

–¿Sabía la Presidencia del caso criminal de Flores Hernández que involucra a Rafa Márquez y al cantante Julión Alvarez, con quien incluso el presidente Enrique Peña Nieto se tomó fotografías durante su gira por Chiapas? –pregunta el corresponsal a un alto funcionario del gobierno mexicano que pide omitir su nombre y el de la dependencia en la cual labora.

–La Presidencia, no; el presidente, no lo sé –responde vía telefónica.

El miércoles 9 la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacudió al mundo deportivo, al de la farándula y a la propia Presidencia de México, al ligar a Márquez y Álvarez a una red de lavado de dinero y prestanombres, presuntamente relacionada con las operaciones del tráfico de drogas de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bajo la ley estadunidense promulgada en 1999 y conocida como la Kingpin Act, la OFAC calificó a Flores Hernández como el narcotraficante “más significativo” y lo ubicó entre las mayores amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y otros narcotraficantes.

“Además de Flores y su organización… la OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo control de ésta, sus miembros y asociados de confianza”, indica el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro.

El comunicado lo difundió primero la embajada de Estados Unidos en México, en español; media hora después lo hizo el Departamento del Tesoro en Washington.

Tres días antes de que Washington etiquetara al futbolista y al cantante de música norteña como “frentes y testaferros” de la organización criminal de los Flores, durante una visita a Chiapas, Peña Nieto y el gobernador de esa entidad, Manuel Velasco Coello, se tomaron una foto con el cantante de piezas vernáculas durante un paseo en lancha por el Cañón del Sumidero.

Minutos después de que la OFAC sacudiera a la sociedad mexicana con el caso del futbolista y el cantante, la Presidencia de México borró la fotografía que Peña Nieto había colocado en las cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

Intercambio de información

Un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenta al corresponsal –a condición de omitir su nombre, pues la investigación está en curso–: “Desde el año pasado compartíamos la información con el gobierno de México sobre la investigación a Flores Hernández y sus socios para lavar dinero y traficar drogas.

“Desde ese tiempo a la fecha, tenemos intercambio de información (de inteligencia) sobre los implicados con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la Republica de México.”

La falta de coordinación y tal vez una falla de comunicación entre Los Pinos, Hacienda –que encabeza José Antonio Meade–, la procuraduría e incluso un error para advertir a Peña Nieto del asunto de parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quizá sea la única explicación lógica al hecho de que el mandatario se tomara la fotografía con un personaje al que Estados Unidos asocia con Flores Hernández y con las dos organizaciones criminales más peligrosas de México.

El funcionario del Departamento de Justicia consultado acota que para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los del combate al crimen organizado y al narcotráfico, el caso se concentra en Flores Hernández y no en Márquez y Álvarez.

Proceso solicitó a la Secretaría de Hacienda corroborar las versiones del funcionario mexicano y del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la bilateralidad de la investigación que se le sigue a Flores Hernández y a sus presuntos socios.

La dependencia respondió por escrito: “México y Estados Unidos cuentan con mecanismos de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera. En apego al marco legal mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria que se lleva a cabo en éste y otros ámbitos”.

Legal y jurídicamente el gobierno de Trump no minimiza las acciones contra el futbolista, el cantante, 19 personas más y 42 empresas. El punto central del caso son las acusaciones criminales contra Flores Hernández, a quien el Departamento del Tesoro le imputa cargos criminales federales relacionados con el trasiego de drogas y el lavado de dinero.

En marzo pasado el gobierno de Trump acusó formalmente ante la Corte Federal del Distrito Sur del estado de California y ante la del Distrito de Columbia (capital estadunidense) a Flores Hernández de esos ilícitos a favor del Cártel de Sinaloa y del CJNG.

El pasado 20 de julio, gracias al intercambio de información de inteligencia con la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades mexicanas capturaron a Flores Hernández en un operativo federal en el que no fue necesario hacer un solo disparo. Inmediatamente después de la captura, Estados Unidos solicito a México la extradición.

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