Pese a alerta por violaciones a DH, Ley de Seguridad Interior tendría votos "rebeldes" del PAN

El gobierno mexicano y el PRI han rechazado que la ley pretenda militarizar al país o vulnerar los derechos humanos

Por Vanessa Solis

Ciudad de México.- Un año después de que el PRI y PAN promovieran una Ley de Seguridad Interior para militarizar la seguridad pública y tras la aprobación de los diputados, el Senado de la República analiza en comisiones dicha ley, que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El pleno de la Cámara de Diputados la aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.

Son 183 votos del PRI, 14 del PAN, 2 del PRD, 35 del Partido Verde, 4 del Partido Encuentro Social y 1 de un diputado sin partido.

El bloque de los 115 legisladores que votaron en contra del dictamen estuvo conformado por 39 diputados de Morena, 39 del PRD, 17 del PAN, 17 de Movimiento Ciudadano, 2 de Encuentro Social y uno más de un independiente. Las 48 abstenciones fueron de diputados panistas.

Ahora, las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación, Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado ya revisan la minuta y decidirán si se turna al pleno.

Entre las medidas más polémicas, estas iniciativas planteaban que los militares realizaran labores de investigación sustituyendo al Ministerio Público, pudieran intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial, utilizaran la fuerza letal para contener protestas pacíficas o quedar exentos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El artículo 11 de dicha ley otorga al Presidente de la República la facultad de ordenar la implementación de acciones de seguridad interior por iniciativa propia o a solicitud de los estados.

"El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, o de su ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se actualice alguna de las amenazas a la Seguridad Interior."

Mientras que el artículo 15 señala que la intervención federal podrá durar hasta un año.

"La declaratoria de protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo".

"Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las acciones de Seguridad Interior."

El artículo siguiente, el 16, faculta al Jefe del Ejecutivo para ordenar acciones inmediatas.

"En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas".

Y el artículo 30, establece actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

"Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información."

Organismos de derechos humanos alertan por Ley

Diversos organismos de derechos humanos han señalado que la Ley generaría riesgos a los derechos humanos y no aportaría soluciones reales para los retos de seguridad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que "la emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles".

Después de que la Ley fuera aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría priista e incluso con votos de panistas, este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein pidió no aprobar la norma pues es un "proyecto muy preocupante".

"La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar loa alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley", dice el Alto Comisionado en un comunicado.

Este lunes, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta a la Cámara Alta, donde pide no aprobar la minuta.

Aseguró que de ser aprobada, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, además de que reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos.

El gobierno mexicano y el PRI han rechazado que la ley pretenda militarizar al país o vulnerar los derechos humanos, sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han señalado los peligros de su aprobación.

De ser turnada al pleno, la Ley sería votada por 128 senadores, 56 del PRI, 37 del PAN, 16 del PT, nueve del PRD, seis del PVEM y cuatro sin grupo parlamentario.

Lo que vislumbra en el Senado es la aprobación del PRI, Verde y parte del PAN, que harían mayoría, de acuerdo con columnistas; de ser así la Ley tendría, por lo menos, 64 votos a favor, 56 del PRI, seis del PVEM y los dos senadores panista: Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth.

Roberto Gil Zuarth, senador del PAN y uno de los impulsores de la iniciativa, descartó que el ordenamiento pretenda reformar a las policías, que sólo busca establecer las condiciones y reglas que debe seguir el Ejecutivo federal para disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio y colaboración de las entidades federativas, sin afectar las condiciones de tranquilidad y de normalidad institucional, dijo el político.

Por su parte, Ernesto Cordero afirmó que la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados podría ser avalada en el Senado en este periodo de sesiones, pero "de ninguna manera" en "fast track".

 

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