Pendientes en agenda de 10 compromisos empresariales

El denominador común en la identificación del problema es que necesitamos inversión privada; misma que sigue ausente


Redacción MX Político.- Pasó ya un bimestre de la suscripción del compromiso entre los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el que se estableció la meta conjunta en lograr que la llamada inversión física en el país crezca de un 20% que se estimó en 2018, a un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, a fin de poder aproximarse al 4% de crecimiento anual, como se lo ha propuesto el gobierno de la 4 T.

Las bases están dadas con aquel evento en Palacio Nacional el 13 de junio pasado, en que las 12 cámaras aglutinadas en el CCE, liderado por el regiomontano Carlos Salazar Lomelín, cuando  señaló que "el acuerdo busca priorizar la inversión en regiones que hasta ahora no han crecido, en particular, el sur-sureste del país; en sectores claves que generen desarrollo, como energía, infraestructura y agroindustria, y en las empresas de menor tamaño que puedan insertarse con éxito en cadenas de valor regionales, nacionales e internacionales".

 

 

 

El citado "Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente", signado ese día, recogió previamente 10 compromisos para ponerse en marcha.

Estos son esos 10 compromisos:
1. El presidente tendrá como responsabilidad la evaluación y priorización de los proyectos de inversión.

2. El titular del Ejecutivo será el responsable de facilitar la ejecución de los proyectos.

3. Reglas y mensajes claros por parte de los sectores público y privado.
4. Estado de Derecho fuerte y eficaz.

5. Estabilidad macroeconómica.

6. Resolución con estricto apego al marco jurídico de los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión.

7. Fortalecer cuatro áreas prioritarias que comienzan con el sector energético; se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica, fomentar las energías limpias y renovables, y coadyuvar a desterrar la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad.

8. Mejorar conexión entre regiones mediante la infraestructura de transporte, en carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles y aeropuertos.

9. Reforzar inversión social, en educación, salud, agua y saneamiento para lograr un desarrollo incluyente y sobre todo en el desarrollo del sur-sureste en energía, servicios, agroindustria, así como la integración de cadenas productivas.

10. La IP coadyuvará con propuestas de manera que el sector público genere condiciones de confianza para la inversión.


Menuda tarea si se parte de que el país y esta nueva administración están a "contrarreloj", tratando de subsanar crisis estructurales empalmadas que son herencia de los vicios y las impericias de anteriores gobiernos, que planearon con criterios orientados a la clientela electoral y cuyos atributos pudieron ser de todo tipo: de innovación, de privilegio a la ciencia y la tecnología; de funcionalidad y rendimiento; de utilidad financiera; ....pero ausente de uno, quizá el más importante de los atributos de planeación; el criterio de la equidad entre las diferentes regiones.

 

Para solventar los dos primeros compromisos, puede decirse que aun cuando el titular del Ejecutivo estableció en ese evento que se realizarían reuniones conjuntas para medir resultados y que además las puertas del Palacio Nacional estrían abiertas para los empresarios, para gestionar trámites y resolver dificultades, a la fecha no se ha verificado aún ninguna reunión de evaluación o deliberación para el cumplimiento del referido Acuerdo. 

Cabe señalar que no es el primer evento que desde el gobierno de AMLO, es planteado de una forma y con una intensidad, que no es la misma con la que se desarrollan ni finalizan. Se trata de actos de impacto mediático desplegados por un gobierno ávido de utilidad o de impacto en la opinión pública. Se recuerdan entre otros, las reuniones de discusión y debate en diferentes ciudades del país, tendientes a integrar la plataforma de gobierno en materia de pacificación de las regiones. Terminaron siendo reuniones propicias para el reclamo de víctimas directas de la violencia y la inseguridad pública, en el peor de los casos, para el lucimiento personal o el placeo de líderes regionales.

Ambas partes simbolizaron su compromiso esa vez, con dos frases retóricas de mucha significación. El mandatario se comprometió a activar y eficientar a ese elefante reumático y mañoso que es a veces el gobierno, con trámites y requisitos engorrosos y dilatados que impiden agilizar procedimientos a emprendedores; y por su parte Salazar Lomelín advirtió que las inversiones no se pueden dar en el vacío; que debe haber condiciones favorables mínimas para que el inversionista se arriesgue a ponerse a trabajar su dinero en tal o cual proyecto.

En el tercer compromiso ha habido inmejorables mensajes y actitudes de reglas y mensajes claros de parte del gobierno de la 4 T, con austeridad en casi todos sus actos y decisiones públicas. Desde la reducción del aparato y el gasto operativo de la oficina del propio titular del Poder Ejecutivo, hasta el resto del aparato burocrático federal.

 

 

Las reglas se han vuelto transparentes y poseen equidad. Sin distingos para tal o cual sector o región del país.

Sin embargo, se advierte que por parte del gobierno de López Obrador, no ha habido una explicación suficiente y clara de la nueva forma de "Partida Secreta", que el Senado le autorizó.
Ciertamente, el pasado mes de abril, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de decreto mediante el cual, reformaba el artículo 74 de la Constitución, para poner fin a la existencia de esa partida discrecional que le daba al Ejecutivo facultades metaconstitucionales para modificar el gasto en programas ya aprobados y presupuestados, en el multicitado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Sin embargo, esa especie de "Caja Negra" histórica, del presupuesto del Poder Ejecutivo, hizo de nuevo su aparición sin que ni el Presidente López Obrador ni nadie de su administración hayan reparado en lo absoluto ante la opinión pública.  La llamada   "Ley Federal de Austeridad Republicana" fue turnada del Senado a la Cámara de Diputados para su aprobación en julio pasado, para permitir que el Ejecutivo haga uso sin rendir cuentas a nadie, de los recursos provenientes de los recortes y la austeridad generados en esta nueva etapa, que por cierto son muy abundantes.

En este tercer punto se puede establecer a que hay un cumplimiento parcial de los compromisos, ante la ausencia de transparencia o suficiente explicación de parte del Ejecutivo sobre este gran pendiente. 
De los compromisos 4 al 8, existe un tácito cumplimiento entre las partes, pues son meros posicionamientos digamos diplomáticos; pero los puntos 9 y 10, están íntimamente vinculados a una indefectible negociación entre ambas partes.

A cambio de la inversión en proyectos orientados a la zona sur-sureste de la geografía nacional y ante el cúmulos de amparos y obstáculos que reviste el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, indefectiblemente se prevé que el gobierno de 4 T, en un afán de negociar y de abonarle a esa etapa de coexistencia pacífica que hoy se anunció por el mismo en la Conferencia Mañanera, a la que denominó  el propio AMLO de "Reconciliación Nacional", sea reactivado de nuevo el proyecto aeroportuario de Texcoco (NAICM).

hch


 

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