19/02/2020 - 11:00

Redacción MX Político.- Con un as bajo la manga se presentó la Fiscalía Especializada en los Delitos contra la Libertad de Expresión a la apertura del juicio oral contra Juan Carlos M., el hombre serrano acusado del asesinato de la periodista Miroslava Breach.

Al presentar su teoría del caso, el fiscal federal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo manifestó que en las próximas audiencias probará que las publicaciones de la víctima sobre narcopolítica obstruyeron los planes del grupo criminal de Los Salazar, que querían intervenir en la política municipal en la Sierra Tarahumara, por lo que su actual líder, Crispín Salazar Zamorano, ordenó al detenido que la matara.

“(Con la incorporación a las pruebas de) el testigo protegido ‘Apolo’ se probará de manera contundente su presencia el día que Crispín Salazar Zamorano instruyó al hoy detenido de cometer el homicidio de Miroslava Breach, y proporcionará información relevante del 26 de marzo cuando le reportó de manera directa haber cumplido sus órdenes”, anunció el fiscal en la audiencia de apertura a un mes de que se cumplan tres años del asesinato de la periodista de Chihuahua. No mencionó que el nuevo testigo hubiera implicado a un político municipal o estatal.

A lo largo de la audiencia conducida por el juez federal Néstor Pedraza Sotelo, cinco testigos con identidad reservada y un analista de la Fiscalía General de la República hablaron del trabajo periodístico que la corresponsal de La Jornada realizó hasta el día de su asesinato, el 23 de marzo de 2017, y que le acarreó amenazas “desde Chínipas”, el municipio de donde es originaria ella y la familia Salazar.

En todos los testimonios hubo menciones a políticos del PAN y del PRI señalados por ella, a las presiones que recibió por políticos, y al papel del gobernador Javier Corral porque, según se dijo, aunque ella informó de las amenazas, no protegió a la periodista que era su amiga.

“Se probará a través de evidencias, que Miroslava Breach era una periodista chihuahuense comprometida con dar a conocer la infiltración de los gobiernos municipales de Chihuahua, reveló información que afectó intereses del grupo criminal Los Salazar, como consecuencia decidieron silenciarla, primero a través de presiones políticas, luego a través de amenazas, al final a través de su asesinato”.

Con esas palabras del fiscal como prólogo se inició el que se espera sea un largo juicio en el que se presentarán 63 testigos a declarar y decenas de pruebas, en el intento de la fiscalía de alcanzar 70 años de prisión para el detenido, el hombre apodado como “El Larry”, a quien se ha señalado como la persona que controla Chínipas para la familia Salazar, vieja aliada del Cartel de Sinaloa en la Sierra Tarahumara y los límites entre Sonora y Chihuahua. Los cargos en su contra son: homicidio calificado, con premeditación y ventaja, con el agravante de que era mujer y periodista, así como mensajes intimidatorios.

Vida entre amenazas

El primer día de audiencia testificaron siete personas. El testigo a quien se le asignó el nombre “Uno” mencionó las amenazas que, desde Navojoa, Sonora, envió para la periodista y columnista “El Señor Salazar”, refiriéndose a Crispín, el anciano líder del grupo que sustituyó al patriarca “Don Adán”, y a su hijo Alfredo, encarcelados en penales federales en 2011 y 2012.

El testigo “Silver” habló sobre “los emisarios del narco”, refiriéndose a funcionarios panistas (Alfredo Piñera y José Luévano y el expresidente municipal de Chínipas, Hugo Schultz) que presionaban a la reportera para que revelara sus fuentes de información sobre lo que pasaba en Chínipas y por haber grabado escondidas una conversación y haber entregado a “El Larry” el audio donde la periodista dice que la fuente de sus notas sobre Chínipas es ella misma.

“Me consta que recibió amenazas de un tal Hugo Schultz, Piñera y Luévano, les decía los mensajeros del narco (…) Le llegaban amenazas de muerte, le decían que dejara de escribir”, dijo “Silver” sobre los panistas aludidos, entre ellos Luévano, quien declarará como testigo del juicio, y quien fue secretario particular de Corral y sigue dentro de su gobierno, reportó Apro desde Chihuahua.

“Lo que vinieron a hacer fue grabar su conversación, sacarle información para pasarla más adelante. Pienso que estos fulanos fueron el inicio de esta lanza que terminó la vida de mi hermana”, señaló. En su relato indicó lo que antes fue publicado en www.proyectomiroslava.org: las amenazas que recibió la periodista desde 2016 hasta su asesinato.

“(En las conversaciones con Miroslava) salían las amenazas, los nombres de esos funcionarios que trabajaban en el gobierno de Corral”, dijo a su vez “Uno”, quien relató cómo su pariente estaba siendo vigilada desde días antes de su homicidio, el estrés que manifestaba y los mensajes intimidatorios que recibió incluso en el buzón de su domicilio.

“Ella mencionaba a Hugo Schultz, cómo seguía trabajando con el gobierno (de Corral), y estaba inmiscuido en cuestiones de narcotráfico. Comentaba que traía dinero a los candidatos, alimentaba la campaña política con dinero del narcotráfico”, agregó este testigo, quien relató que aunque Miroslava advirtió a Corral de las amenazas de personas de su partido político éste no hizo nada, y cómo ella intuía que iban a asesinar a una periodista. “Ella estaba decepcionada”.

La audiencia comenzó a las 9:00 horas y terminó a las 19:00. Estuvieron presentes observadores de la ONU-DH, de la Embajada Británica y de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas en respaldo a los hermanos Breach Velducea que vestían con ropa negra y camisetas bordadas con la leyenda “No se silencia la verdad matando periodistas” y un listón en señal de luto, quienes tuvieron que ver en las pantallas fotografías de su hermana asesinada adentro de su camioneta, afuera de su vivienda, donde la sorprendió un sicario, mientras esperaba a su hijo adolescente para llevarlo a la escuela.

En la audiencia salieron a relucir también contradicciones de algunos testigos –“Mila” mencionó que a su pariente Miroslava la amenazó el capo “El 80”, Arturo Quintana, del grupo armado enemigo La Línea, no los Salazar; “Silver” descubrió que en su primera declaración mencionó a “El 80” como sospechoso, y en la audiencia dijo que los culpables eran Los Salazar.

También hubo diversos cuestionamientos de la defensa por fallas al debido proceso en el procesamiento de la escena del crimen, contra el analista de la FGR por no haberse acreditado como experto en análisis, así como la objeción de la inclusión del testimonio de “Apolo” –hijo de Crispín Salazar, según reveló Jesús Valencia, el abogado del detenido-, quien se quejó de que fue incluido cuando ya había pasado el periodo probatorio, por lo que pidió al juez no aceptar esa prueba.

 

jvg