Función Pública fiscalizará compras gubernamentales

Redacción  Noticias MX.-  Las secretarías de Hacienda y de la Función Pública firmaron un convenio de colaboración con el cual la última dependencia fiscalizará las compras del gobierno federal y acompañará en todo el proceso de contratación de bienes y servicios desde el inicio. 

Durante la firma del acuerdo, la oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, afirmó que este mecanismo es parte del combate a la corrupción y permitirá aumentar aún más los ahorros de esta administración, que a julio pasado sumaban ya 145 mil millones de pesos.

"Los resultados arrojados cuando se empiezan a usar estos modelos, los primeros impactos son entre 20 por ciento y 30 por ciento de ahorro. La meta que nosotros nos hemos establecido como gobierno en el primer año de administración es 20 por ciento mínimo.

 "Como ustedes saben, en junio el presidente (Andrés Manuel López Obrador) anunció 113 mil millones de pesos de 200 mil que se tienen como meta y a julio ya llevamos 145 mil millones", expuso la funcionaria federal.

Explicó que en materia de actos de corrupción las estadísticas señalan que el primer lugar lo ocupa la administración de justicia y en segundo las compras públicas.

"Cada vez que hay un punto de contacto entre un servidor público y un privado hay un potencial riesgo de corrupción, lo que se ha hecho en todo el mundo, la mejor práctica es reducir el número de contactos en el sector público y el sector privado, eso nos lleva a compactar las unidades compradoras y a un modelo de compras consolidadas", dijo.

Indicó que por ello se trabaja en sistematizar todos los procesos de compras para minimizar la intervención humana y evitar la corrupción a partir de una plataforma digital del gobierno a un mediano plazo, la cual se espera tenerla lista en tres o cuatro años.

Buenrostro Sánchez indicó que en esta administración se ha trabajado en cambiar el modelo de compras publicas y de contratación para combatir la corrupción, tener un uso más eficiente del gasto público, evitar dispendios, y tener ahorros, los cuales se destinarán a programas sociales.

A partir del convenio, dijo, se establecen desde medidas preventivas hasta correctivas para avanzar en mecanismos de control y fiscalización.

Reconoció que si bien las malas prácticas de corrupción no se acabarán de un día a otro, y requieren una labor continua para abatirlas, también se debe reducir el dispendio público y el gasto superfluo, lo cual es parte de las medidas de austeridad de este gobierno.

"Siempre hay que distinguir entre lo que es austeridad y el ahorro. Las medidas de austeridad son una cuestión de principios, de ética, es a lo que se refiere el señor presidente cuando dice que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre", dijo.

Remarcó que se trata de dar la espalda a los lujos, dispendio y gastos superfluos y que se destinen los recursos realmente a lo que necesita la población.

A su vez, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, recalcó que una de las áreas más vulnerables a la corrupción son los procesos de compras públicas, adquisiciones y contrataciones a los que se destina 20 por ciento del presupuesto de egresos.

 

 

Indicó que en el gobierno pasado existía un intercambio ilícito de favores entre funcionarios de gobierno y contratistas, violaciones a reglas, sobre precios exagerados, sobornos, evasión, paraísos fiscales y el robo eran reglas que no sorprendían a nadie y se formalizaron.

"Esta corrupción entre políticos y proveedores contaminó nuestro sistema democrático y la funcionalidad de las instituciones públicas, por eso una de las primeras disposiciones del presidente Andrés Manuel López fue transformar de raíz este sistema, de compras públicas", señaló.

Explicó que por ello esta tarea pasó a ser responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda para hacerlo transparente y lograr mejores condiciones de precio y calidad en bienes servicios contratados.

Indicó que se tiene la idea errónea que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya no participa en estos procesos, por lo que a partir del convenio se intercambiará información y sumarán esfuerzos para construir la nueva ética pública tan anhelada en el que participen el sector público, social y privado.

"Nuestra Secretaría de la Función Pública también brindará asesoría normativa con carácter preventivo sobre políticas de control interno, vigilancia, fiscalización, inspección y revisión de las contrataciones, es decir, la función pública conservará las facultades fiscalizadoras de control, inspección, en materia de adquisiciones", añadió.  (Notimex)
 

Tu opinión es importante

Minuto a Minuto