Cooperativa La Cruz Azul: El gran acusador

09/08/2020 - 18:00

Redacción, MX Político.-  José Alfredo Álvarez Cuevas no sólo declaró contra su hermano, Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas –cuya carta de renuncia a la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul es puesta en duda en la cementera–, sino que también lo acusó de liderar una serie de mecanismos utilizados para “desviar dinero” de la empresa.

 

El director de Planeación Estratégica de la cooperativa y vicepresidente de su club de futbol aportó pruebas y detalló que por conducto de su hermano –hoy prófugo de la justicia– hubo desvíos millonarios de recursos de la cooperativa mediante el pago de facturas a empresas que simularon servicios nunca adquiridos o coadyuvaron en el quebranto de la cooperativa.

 

Entre los implicados, Alfredo mencionó a Billy Álvarez y a su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo como los operadores principales de esa red.

 

Rindió su testimonio motu proprio en la Fiscalía General de la República (FGR) el 5 de junio pasado para “perfeccionar la carpeta de investigación y el debido esclarecimiento de los hechos que se investigan”, así como para sujetarse a un “criterio de oportunidad”.

 

Declaró también que la compraventa de jugadores para el equipo de futbol fue pactada a sobreprecio. Y aun cuando Billy Álvarez no tenía autorización de la cooperativa a causa de una sentencia de facultades declaradas contrarias desde 2013 (expediente 85/2011), ordenó hacer depósitos a por lo menos siete empresas entre 2011 y 2017, así como por lo menos 91 transferencias bancarias durante ese periodo que, calculan los disidentes encabezados por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, causó un quebranto por 190 millones de pesos a la cementera.

 

Velázquez y Marín, integrantes del Consejo de Vigilancia y del Consejo de Administración de la cementera, respectivamente, habían sido suspendidos como socios en 2018 por la asamblea general de la cooperativa.

 

Según la copia del expediente que obtuvo Proceso, ese testimonio fortaleció la petición de la FGR, que el pasado 29 de julio logró que un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad Número 1 en Almoloya de Juárez girara una orden de aprehensión contra Billy Álvarez. Las agravantes son los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

Simultáneamente se libró una orden de captura contra Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cooperativa y actual asesor jurídico del director general; Eduardo Borrell Rodríguez, director jurídico; Mario Sánchez Álvarez, director financiero, así como al abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, como partícipes en la organización delictiva.

 

Entre los argumentos presentados al juez, la FGR arguyó que la carpeta de investigación contiene pruebas “que en su conjunto logran establecer la probabilidad de que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas participó en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

 

Por lo que atañe a Garcés Rojo y los otros implicados en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –previsto y sancionado en el Artículo 400 Bis, fracción I del Código Penal Federal–, la fiscalía estableció que, por los datos de prueba obtenidos, Billy y los otros coacusados hicieron 91 operaciones bancarias entre el 28 de julio de 2011 y el 21 de julio de 2017.

 

Ellos ocultaron el destino de recursos, a sabiendas de que se trataba de una actividad ilícita, pues aun sin contar con facultades hicieron pagos por 114 millones 198 mil 846 pesos durante el periodo referido a siete “empresas facturadoras de operaciones simuladas”: Plexival, Trans Nau, Attar 2715, Recursos Financieros Kerala, Asesorías Profesionales Eicer, K&C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial, todas ellas incluidas en la lista del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

 

Esas compañías, explica la fiscalía, fueron utilizadas para ocultar el destino de los recursos de la Cooperativa La Cruz Azul mediante operaciones comerciales simuladas o prestación de servicios inexistentes.

 

Una renuncia dudosa

 

A partir de los testimonios aportados por ocho entrevistados, con testigos directos de los hechos, así como documentación diversa, un dictamen pericial en materia contable –que determinó que el monto de las operaciones llevadas a cabo por los activos asciende a 114 millones 198 mil 847 pesos– y la solicitud de Alfredo Álvarez de sujetarse a un “criterio de oportunidad”, la FGR solicitó la orden de aprehensión contra Billy y los otros imputados.

 

En la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMC/0000311/2020 se menciona que los sujetos activos “han demostrado tener un comportamiento que involucra amenazas de muerte a los testigos”. La denuncia fue formulada por el director general de Procesos Legales de la UIF, Javier Humberto Domínguez Aguilar, mediante el oficio 110/E/164/2020, fechado el 8 de mayo último.

 

El miércoles 5, el vocero de la cooperativa La Cruz Azul, Jorge Hernández, puso en duda la veracidad de la carta en la que presumiblemente Billy Álvarez dimitió a la dirección general, pues el oficio no ha llegado al corporativo de la cementera, en Gran Sur, ni existe comunicación alguna con el imputado. Un dato más: su rúbrica tampoco coincide.

 

En entrevista con Proceso, el vocero asegura que “hay un escrito del que todo mundo se enteró vía medios. No podemos dar por bueno dicho documento, ni tampoco lo podemos desechar, porque no sabemos si es propiamente de él. Y si él no está, ¿cómo le puedes dar una validación?”.

 

Y expone: “Primero, habría que saber si efectivamente es la firma de él. Hasta el día de hoy no lo podemos confirmar. Y en el supuesto de que presentara la renuncia de manera oficial, el procedimiento debe pasar por la asamblea general para que la autorice, una vez que se lleven al cabo todos los procesos administrativos y legales, que es la presentación del estado general que guarda su administración, como se hace en todas las organizaciones”.

 

Aclara que la renuncia está sujeta a la autorización y las condiciones por las cuales la presentaría por parte de la asamblea general de la cooperativa, prevista para el próximo miércoles 26.

 

El martes 4 irrumpió en el corporativo de la cementera el abogado del grupo disidente, Guillermo Barradas, quien acusó a Billy de lavado de dinero. Según Hernández, el litigante se presentó sin la orden judicial que lo acreditara para pedir la entrega de la administración de cooperativa, así como los documentos y los procesos para el manejo económico de la organización.

 

“Los cooperativistas se opusieron. Primero, porque no tenía ningún fundamento legal; segundo, porque no existe elemento legal que le otorgue la administración de una empresa a un abogado representante de disidentes. No se ha dado en ninguna parte. Eso no es posible; no existe”, comentó el vocero.

 

Sin embargo, a las tres de la madrugada del jueves 6, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron las instalaciones de la Cooperativa La Cruz Azul por orden del juez 60 de lo Civil Julián Molina Suárez, quien solicitó también la recuperación de varias unidades de la cooperativa, que incluyen las plantas Cruz Azul Hidalgo y Cruz Azul Lagunas, Oaxaca, así como las oficinas del corporativo.

 

Las oficinas fueron puestas a disposición del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, liderados por Marín y Velázquez, respectivamente.

 

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