Caso Alvarado: “López Obrador es lo mismo que Calderón y Peña Nieto”

Redacción MX Político.- Desde su refugio en El Paso, Texas, María de Jesús Alvarado Espinoza no oculta su decepción por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque incumplió la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió en diciembre de 2018 sobre la desaparición forzada de tres de sus familiares.

A 10 años de la agresión del Ejército contra Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado, María de Jesús no duda en señalar que López Obrador actúa “igual que (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña Nieto” cuando protegieron a los militares que desaparecieron a su hermana (Nitza) y a sus primos.

María de Jesús y varios de sus familiares viven en el exilio debido a las amenazas y atentados que han sufrido por denunciar la desaparición ocurrida en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, a cargo de soldados del 35 Batallón de Infantería el 29 de diciembre de 2009, como lo determinó la Coidh.

La mujer no se explica por qué a más de un año de emitida la sentencia el gobierno de López Obrador ha sido incapaz de sentar a los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las mesas de negociaciones para el cumplimiento de las disposiciones que considera la Coidh, así como para proporcionar información para localizar a las víctimas y sancionar a los responsables.

Alvarado Espinoza creyó que su hermana y sus primos serían localizados con el inicio del gobierno del tabasqueño, quien se comprometió con el caso en una reunión con ella, realizada en mayo de 2010 en su casa de campaña de la colonia Roma. Además de María de Jesús acudió su prima Rosa Olivia Alvarado Herrera –hermana de José Ángel– y otras activistas que denunciaron los impactos de la “guerra contra el narcotráfico”, informó Apro desde El Paso, Texas.

“Cipriana Jurado –exdirectora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera– nos invitó a la Ciudad de México para participar en el Foro Social Mundial y hablar de lo que estaba pasando en Chihuahua; luego fuimos a las oficinas de López Obrador”, cuenta sobre dicho encuentro.

Con la participación de Sara Salazar y de Marisela Reyes Salazar, madre e hija de Josefina Reyes, activista y exregidora del PRD del municipio de Guadalupe, que fue asesinada el 3 de enero de 2010, las cinco mujeres expusieron al entonces candidato las graves violaciones cometidas por integrantes del Operativo Conjunto Chihuahua.

Antes de poner a su disposición una camioneta que las llevaría a la casa de Rosario Ibarra de Piedra, para que la entonces senadora las orientara, López Obrador “se mostró interesado en ayudarnos para presionar al gobierno; nos dijo que él nos iba a apoyar para que siguiéramos en la lucha porque consideró que el caso era muy fuerte. Pero ahora que es presidente está haciendo todo lo contrario, pese a que conoce muy bien la situación”, reprocha Alvarado Espinoza.

Recuerda que, en el contexto de la búsqueda de votos de los mexicanos residentes en Estados Unidos para la elección presidencial de 2018, López Obrador encabezó un mitin en la plaza de Los Lagartos, en El Paso, el 6 de marzo de 2017, acto en el que fue invitada a subir al templete como mexicana exiliada por la guerra contra el narcotráfico.

“Creí que nos iba a apoyar, pero nada más ganó y se olvidó. Mi decepción llegó cuando creó la Guardia Nacional con mando militar, cuando eso va contra el sentido de la sentencia de la Corte Interamericana. Ahí supe que no haría nada”, lamentó.

Imposibilitada para viajar a México, María de Jesús Alvarado dio seguimiento virtual a la reunión para la implementación de la sentencia que encabezó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el 10 de septiembre último en la Secretaría de Gobernación (Segob). Cita a la que no asistió la representación de la Sedena.

Antes, los familiares de las víctimas y sus representantes hicieron gestiones para tener en abril en Ciudad Juárez una primera reunión, pero no hubo respuesta de la Sedena. En esa ocasión la máxima autoridad presente fue la del director de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Aarón Mastache, quien recibió los airados reclamos por la ausencia del personal militar y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia también mencionada en la sentencia de la Coidh.

Un año después…

Para el encuentro de septiembre pasado se movilizaron a la Ciudad de México unas 25 personas de la familia Alvarado –con gastos pagados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas–. La ausencia de los representantes de la Sedena fue duramente cuestionada.

Ante las críticas, Encinas respondió que “no importaba que estuvieran o no los integrantes de la Sedena” porque él era el representante del Estado mexicano para hacer cumplir la sentencia.

“Pero al subsecretario se le olvidó que, si para él no es importante que estén los de la Sedena, para nosotros sí porque ellos son los que saben dónde dejaron a mi familia. Si ellos perpetraron la desaparición forzada, ¿por qué no van a estar?”, cuestiona María de Jesús.

De acuerdo con la sentencia de la ­Coidh, el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, lo que se conoce como disculpa pública, tiene que realizarse “en presencia de altos funcionarios del Estado, incluyendo de la ­Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y del gobierno de Chihuahua”, en “el plazo de un año contando a partir de la notificación de la presente sentencia”, es decir, del 20 de diciembre de 2018.

Si en el tema de la organización de la disculpa pública no se ha podido sentar a la Sedena, en los asuntos torales de la sentencia, como la investigación y localización de las víctimas, ha sido mayor la renuencia gubernamental, lamenta Alvarado Espinoza.

Recuerda que en las primeras investigaciones del caso el general José de Jesús Espitia Hernández, excomandante de la V Zona Militar con sede en Chihuahua y actual coordinador de asesores del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y el coronel Élfego José Luján Ruiz, excomandante del 35 Batallón de Infantería, fueron identificados como los militares que tendrían conocimiento de la desaparición forzada de los Alvarado.

De acuerdo con lo que Mariana Colín, agente del Ministerio Público, le reportó a los familiares de las víctimas, “la Sedena no le permite investigar a Espitia y a Luján; siguen negando la participación del Ejército en la desaparición de mis familiares e insisten en que fue el crimen organizado”.

Para Alvarado Espinoza “López Obrador es lo mismo que Calderón y Peña Nieto, son responsables de que la investigación no avance porque mientras para ellos el Ejército sea intocable, siguen protegiendo criminales”.

Renuencia oficial

Ruth Fierro y Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de la familia Alvarado, respectivamente, señalan que además de la ausencia de la representación de la Sedena, solapada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería, se ha causado la suspensión de reuniones para la implementación de la sentencia de la Coidh. El último documento enviado al tribunal regional tiene desconcertadas a las familias.

El 10 de diciembre último, la cancillería, vía su embajadora en Costa Rica, Roselía Barajas, envió una carta de tres párrafos al secretario técnico de la Coidh, Pablo Saavedra Alessandri, para que confirmara “la calidad de víctima” de un familiar de uno de los desaparecidos, considerado por el tribunal regional como un beneficiario de la reparación material del daño, pero que no estaba incluido en la lista de lesionados, situación que “representa un impedimento legal” en el marco jurídico mexicano.

Exdirectora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño recuerda que “no se puede alegar impedimentos del derecho interno para incumplir una sentencia internacional” y explica que el artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humano da un plazo de 90 días a las partes “en caso de cualquier desacuerdo sobre el sentido o alcance” de la sentencia, que es definitiva e inapelable.

 

jvg

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