Buscan ONG anular “ley Bonilla”; presentarán denuncia penal contra diputados que aprobaron la reforma

Redacción Noticias MX.- Al menos cinco organizaciones de la sociedad civil (ONG) buscarán la anulación de la reforma constitucional que amplió de dos a cinco años el próximo periodo de gobierno que encabezará Jaime Bonilla Valdez, a partir del próximo 1 de noviembre.


El Comité Defensa del Agua, Comunidad BC Resiste, Plebiscito en Defensa del Agua, Diálogo entre Jóvenes, y Trabajadores y Resistencia Civil de BC, presentarán mañana una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por el presunto delito de soborno, en contra de los 21 diputados locales que aprobaron la reforma.


La querella se formalizará mañana, un día después de que el gobernador electo respondió al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que incluyó un exhorto al Congreso local y a los ayuntamientos de Baja California para dejar sin efecto la norma aprobada el pasado lunes 8, por 21 legisladores.


Bonilla dijo que el Congreso de Baja California es la máxima autoridad de la entidad y los legisladores federales “no me asustan con el petate del muerto”. 


El morenista soltó: “Los reto a que si pueden desaparecer los poderes en Baja California, si en verdad, como dicen, tienen facultades para esto, lo hagan, y si no… calladitos se ven más bonitos”.


Declaró lo anterior a la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) en Tijuana, luego de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el Congreso de la Unión puede desaparecer los poderes en la entidad, por las alcances antidemocráticos y anticonstitucionales de la reforma.


“Vale más que lo entiendan en el centro. Pido respeto total a la soberanía de mi estado. Siempre han hecho lo que han querido hacer con nosotros (…) Nos imponen impuestos, nos cancelaron la zona libre, nos implementan aranceles (…) El único que conoce y entiende a Baja California es Andrés Manuel López Obrador (…) ¡Ya basta! No más abusos. ¡No los necesitamos!”, sostuvo Bonilla previamente, en declaraciones al diario digital Periodismo Negro, de Mexicali.


Por otra parte, Araceli Piña, vocera de las organizaciones que presentarán la denuncia penal contra los diputados reformistas, actualmente en periodo de vacaciones, confirmó a Apro que este viernes 19 presentarán el recurso jurídico ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Delitos Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia, de la PGJ.


“Queremos que se haga la investigación científicamente soportada, indispensable para determinar, sin margen de duda, si fueron sobornados o no los 21 diputados del Congreso de Baja California, que la noche del 8 de julio actual votaron la reforma al artículo 8 transitorio del Decreto de Reformas a la Constitución estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado de 17 de octubre de 2014”, explicó. 


De igual manera, adelantó que pedirán a la PGJ que solicite el auxilio de la Fiscalía General de la República (FGN) y de la Unidad de Investigación de Recursos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lograr el soporte científico de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.


Basaron su petición en las declaraciones públicas que el 31 de mayo hizo el presidente del Congreso local, Edgar Benjamín Gómez Macías, en el sentido de que el actual subsecretario de Gobernación y extitular de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, Ricardo Peralta Saucedo, y el administrador de la Aduana en Mexicali, Alejandro Viramontes Armenta, le ofrecieron un millón de dólares a cambio de promover y convocar la reforma entre sus colegas, quienes recibirían una cantidad similar si aceptaban.


Viramontes era administrador de la Aduana en Juárez, Chihuahua, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió --en agosto de 2018-- el expediente SZC/0011495/2018, que contenía diversas denuncias por supuestos ilícitos en la importación de autos usados, cometidos en aduanas de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Sonora.


Organizaciones como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) habían denunciado que en Juárez y Mexicali se daban los principales actos de corrupción con esos vehículos, y que Viramontes podría estar inmiscuido en el delito.


Hoy, el administrador de la Aduana en Mexicali, colocado ahí el 3 de enero de este año por Ricardo Peralta Saucedo –entonces en su calidad de titular de la Administración General de Aduanas--, manifestó que la PGR lo exoneró en la investigación el 30 de noviembre de 2018, es decir, el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto.


El funcionario aduanal reveló que supo de la exoneración porque el caso fue mencionado en una reciente conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitó a la Fiscalía la información de la carpeta, y así conoció el “no ejercicio de acción penal” en su contra. apro. 
 

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