AMLO incumple con publicaciones de archivos del Cisen, acusan historiadores

Redacción  Noticias MX.-  Historiadores acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de falta de voluntad política para cumplir con la promesa de hacer públicos los archivos de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dedicados al espionaje político y relacionados con violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El investigador Anuar Ortega Galindo aseguró que, pese al anuncio del titular del Ejecutivo del 27 de febrero pasado, ningún nuevo archivo fue agregado a las filas del Archivo General de la Nación (AGN) y la hipersaturación de solicitudes de información sólo logró evidenciar la poca capacidad de respuesta que tiene el organismo.

Además, de las casi 3 mil versiones públicas que concentraba el AGN, sólo quedaron alrededor de 200 ante la necesidad de actualizar las versiones existentes y agregar la información sensible que hubiera podido ser reservada.

Incluso, detalló, el decreto "hizo creer a los incautos que se había liberado información de los servicios de espionaje" y los medios de comunicación publicaron información ya conocida como novedosa, tal es el caso del expediente del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

 

 

Asimismo, Ortega Galindo mostró su preocupación por el artículo 36 de la nueva Ley General de Archivos, que deja a interpretación el conflicto entre la información de interés público y los datos personales sensibles, que podrían reservar cualquier documento por un periodo de hasta 70 años.

Por su parte, Rubén Ortiz Rosas recordó que, en 2001, una parte de los archivos de la DFS correspondientes a 5 millones de sujetos investigados fueron trasladados al AGN, sin embargo, los otros 15 millones de los que esta organización daba cuenta en 1981 quedaron pendientes, así como el archivo administrativo del Cisen.

Durante el foro "Archivos censurados de la Guerra sucia. Memoria y justicia", el doctor en historia agregó que también hace falta información para saber quiénes se encargaban de realizar desapariciones forzadas, detenciones extrajudiciales y los manuales de contrainsurgencia o de operación de estas células de espionaje.

Esto, aseguró, no se va a poder revisar en un año, ni en un sexenio. "Lo que se requiere es una política pública que permita abrir por completo las restricciones y de acceso a los archivos históricos confidenciales, para darles un trato de archivos de derechos humanos".

Indicó que, en la actualidad, la mayor parte de los archivos relacionados con la represión, la guerra sucia, el crimen organizado y sus vertientes, se encuentran censurados, fragmentados en diferentes dependencias y estados de la República, como la Procuraduría General de Justicia (PGR), la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH).

Además, apuntó, muchos de ellos, como los de la Policía del Distrito Federal, comandada por el Negro Durazo, se encuentran en los denominados archivos de concentración y abandonados en bodegas cuya ubicación es desconocida en la mayoría de los casos.

Ortiz Rosas subrayó que conocer este tipo de archivos, como los de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), podría incluso dar cuenta de si en el país existió algo semejante al plan Cóndor de Sudamérica.

 

 

Igual que con Peña Nieto

En su participación, María Magdalena Pérez Alfaro, historiadora y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, consideró que en la actual administración "hay una continuidad de la políticas restrictivas del gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto", pues las respuestas que otorgan los organismos de acceso a la información son las mismas.

Asimismo, se pronunció por el acceso irrestricto a los archivos y a que cualquier persona pueda consultarlos, por lo calificó como insuficiente la respuesta del director del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu,  sobre las limitaciones del presupuesto y de atención a la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de datos personal es.

Pérez Alfaro manifestó que "no sólo se trata de personal y presupuesto, se trata de voluntad política". Por ello sumó su preocupación sobre el organismo que definirá las controversias en la nueva Ley General de Archivos que, más allá de dar cuenta sobre el pasado, definirá también la forma en que los archivos de casos como Ayotzinapa, Atenco o Tlatlaya serán tratados y entregados al público, así como los referentes al actual fenómeno migratorio y los que resulten de las tareas de la Guardia Nacional.

 

 

Aunque reconoció que no toda la información proporcionada por el Estado es verídica, pues en muchos casos se trata de archivos espurios, consideró su apertura como elemental para conocer la lógica de las instituciones sobre la disidencia política, los movimientos sociales y las diferentes vertientes políticas.

Por su parte, Jorge Gálvez, del Comité ¡Eureka!, apuntó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas se comprometió a investigar los 557 casos que la organización ha documentado de 1969 a 2013, así como a los perpetradores de los crímenes cometidos en este periodo, información de relevancia que, aseguró, debe darse a conocer por tratarse del acceso a la verdad y a la justicia.

Fuente: Proceso
 

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