18/02/2020 - 11:00

Redacción MX Político.- Ocho académicos despedidos por la Universidad de Colima (Ucol) pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque las autoridades laborales no han dado respuesta a las demandas que interpusieron en busca de su reinstalación, hace más de cinco años.

Los despidos se produjeron de manera escalonada a partir de agosto de 2014, luego que los profesores e investigadores participaron en un movimiento por la transparencia en el manejo del fondo de pensiones de la institución educativa.

Algunos de ellos realizaron una huelga de hambre por más de 40 días y posteriormente conformaron el Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), que a la fecha no ha sido reconocido legalmente.

El movimiento lo inició el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), cuyo secretario general era Leonardo César Gutiérrez Chávez, quien tras promover un emplazamiento a huelga fue destituido de la dirigencia por “maniobras de la rectoría”, según denunció en su momento el líder depuesto.

Los despedidos son: Pedro Vidrio Pulido, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; Hugo Marcelino Coronado Carreón, de la Facultad de Contabilidad y Administración campus Manzanillo; Teresa Hernández Ortiz, del Bachillerato 23 del puerto; Yanalum Cerda Guzmán, psicóloga de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional; Leonardo César Gutiérrez Chávez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; José Miguel Rodríguez Reyes, de la Facultad de Lenguas Extranjeras; José Jesús Lara Chávez y Sergio Elenes Cepeda, ambos del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas.

En rueda de prensa en el Jardín Libertad, a unos pasos del sitio donde hace casi seis años se realizó la huelga de hambre, Gutiérrez Chávez informó este lunes que recientemente la CNDH les notificó la admisión de la queja, a la que le fue asignado el número de expediente CNDH/6/2020/1053/Q, por lo que el organismo se abocará a iniciar las investigaciones y trámites correspondientes, reportó Apro desde la Ciudad de Colima.

A través del escrito, los agraviados denunciaron la violación de sus derechos laborales y su seguridad social por parte de autoridades de distintas instituciones gubernamentales del estado de Colima, entre ellos servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), los dos jueces de distrito de Colima y los magistrados del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Tercer Circuito.

También fueron señalados el exgobernador Mario Anguiano Moreno y el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez; el rector y el abogado general de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava y Elías Flores García, respectivamente; diputados del Congreso del estado, dependencias obligadas a dar acceso a la información, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

En el texto dado a conocer por el exdirigente sindical se establece que con sus actos u omisiones, las autoridades señaladas como responsables han favorecido de manera directa los intereses del grupo conformado en torno a la directiva de la Universidad de Colima.

“Esta coalición ha engendrado por sí una serie de ilícitos aún más cuantiosa y grave; se podría aducir que los ilícitos que originalmente prenden encubrir se trata de violaciones a la Constitución y al estado de derecho, en detrimento de la democracia, los derechos humanos, cívicos, laborales, de información, de libre sindicación y de manifestación, entre otros”, según el escrito.

De acuerdo con la queja, destaca no sólo el contexto de ilegalidad, sino la manera tan casual e irrespetuosa como se manejó este asunto por parte de las autoridades.

“El rector de la Universidad despidió de manera selectiva a los universitarios que le resultaban más molestos, en un acto ejemplar que sirviera de escarmiento a los demás trabajadores universitarios”.

En tanto, la falta de intervención de la JLCA en defensa de sus derechos, “con el tiempo ha sembrado entre los universitarios el miedo al despido, pues el mensaje ahora es bastante claro: la inconformidad se castiga con despido y no existe defensa ante la autoridad rectoral, pues ésta es intocable”.

 

jvg