17/02/2020 - 11:00

Redacción MX Político.- Durante décadas, gobierno y políticos mantuvieron un pacto no escrito ni siquiera sellado con letras de sangre, pero que al igual que los de la delincuencia organizada mantenía vigente el que las familias de los implicados en delitos eran respetadas.

Así, se podían asesinar entre las cabezas de los grupos delincuenciales, sin que las venganzas alcanzaran a las familias de alguno de ellos, por lo que padres, hermanos, esposas e hijos podían moverse sin problemas en la vida.

Todo eso se terminó cuando la familia del Güero Palma fue secuestrada, primero y asesinada, después, como una forma de represalia, desatándose verdaderas fuertes venganzas que terminaron en masacres.

Lo mismo sucedía en el terreno político, donde los personajes que eran vinculados a delitos, en el ejercicio del poder público, sabían que las consecuencias de esos ilícitos las pagarían ellos y nadie de su familia de vería involucrada.

Eso era en referencia a los delitos de abuso de poder, enriquecimiento ilícito o inexplicable, desvío de recursos, etc, los que consideraba el decomiso de una parte de los recursos que les eran demandados.

De ahí que los funcionarios de alto nivel no sufrieran ni se acongojaban cuando eran requeridos por la autoridad que los retenía y hasta procesaba por este tipo de delitos.

Cada quien asumía su culpa y hasta ahí quedaban las cosas, ya que lo extraído del erario no representaba las cantidades del cohecho, de la apropiación de bienes públicos y de los negocios que realizan los políticos al amparo y margen de la ley.

En días recientes vemos como en el caso de Emilio Lozoya Austin no solamente se acusa de delitos al ex director de PEMEX, sino que también su madre y su hermana son vinculadas en el trasiego de dinero realizado por su hijo y hermano, respectivamente.

No es la primera ocasión en que un familiar del acusado resulta vinculado a los usos y abusos cometidos desde el poder público, ya que Roberto Borge Angulo, tiene involucrada a su madre como beneficiaria de la venta y cesión de terrenos en Quintana Roo, durante la gestión gubernamental del llamado “Betito”.

Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora, retenido en prisión por un tiempo, también vio el involucramiento de su hijo del mismo nombre, quien purgo cárcel con él, durante nueve meses, acusado de parte de los delitos que le endosaron a su padre.

Fabián Granier Calles, hijo del ex gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier, fue vinculado a una defraudación fiscal de más de dos millones de pesos, mientras que su padre purgó varios años de prisión.

Tal vez por eso, Javier Duarte de Ochoa pactó su entrega, con la condición de que su familia no fuese molestada ni involucrada con el proceso que se sigue en su contra, aunque recientemente se hizo, ya que la extradición de Karime Macías Tubilla, fue solicitada al gobierno del Reino Unido, pues ella radica en Londres, para responder a varias acusaciones en su contra.

Por lo pronto, habrá que mantenerse atentos al proceso de extradición de Emilio Lozoya Austin y que rumbo siguen las acusaciones contra su hermana y madre, para saber hasta dónde llegan las autoridades en la comprobación de los delitos.

Escribe: Ramón Zurita Sahagún


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