Alerta para la CDMX / En opinión de Ruth Zavaleta Salgado

En estos últimos días se dio a conocer a través de la página electrónica de Conavim que ya suman 18 los estados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG): Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, y Zacatecas.

No obstante que cuatro de las nuevas seis declaratorias fueron realizadas por la actual administración, el 7 de junio, la Conavim determinó no procedente la de la Ciudad de México. Ante ello, diversas organizaciones en pro de los derechos humanos de las mujeres interpusieron un recurso de amparo que fue otorgado por el secretario del Juzgado Tercero, quien impuso un plazo de 10 días para declarar la alerta.

A pesar de los argumentos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en contra de que se declare la AVG, el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que se debe emitir cuando los delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un determinado territorio y la sociedad así lo reclame; también cuando los organismos de derechos humanos federal o estatal o de la sociedad civil así lo soliciten.

La justificación para exigir la declaratoria en la Ciudad de México es la misma que ha servido para que procedan las de otros estados: que los delitos contra las mujeres van en aumento y, muy especialmente, el de los homicidios dolosos y feminicidios. No obstante que los datos son obvios, cabe hacer varias reflexiones sobre los argumentos de la jefa de Gobierno y los diferentes gobernadores que han tenido que enfrentar la DAVG.

En primer lugar, el modelo de DAVG, es único en el mundo por lo que su perfeccionamiento tiene que derivarse de la experiencia de aplicarlo. En segundo lugar, el protocolo se empezó a aplicar después del 2014 y, aun cuando se pensó como una medida de excepción, en un trienio ya se habían declarado 12 estados y, en estos 8 meses de la nueva administración, ya se declararon otras cuatro más y se tiene en puerta las de la Ciudad de México, por mandato de un juez, Estado de México y Guerrero, por segunda ocasión, y Sonora. En tercer lugar, los informes de evaluación realizados por el propio Inmujeres han evidenciado las fallas que se tienen que corregir tanto en la forma de declararse como en la forma de aplicarse las acciones para enfrentar la alerta.

Incluso, si revisamos los números, podemos darnos cuenta que, de los primeros 12 estados con alerta desde el 2015 al 2018, sólo Chiapas, Michoacán y Sinaloa habían logrado disminuir un poco los feminicidios; incluso esta última entidad había logrado cero homicidios dolosos en el 2016 y 2017, pero al revisar los datos de otros delitos como el de lesiones dolosas, en los tres se incrementó. En cuarto lugar, la norma local para definir y medir homicidios dolosos vs. feminicidio no es homogénea en todos los estados de la República por lo que se requiere armonizar para hacer posible la medición comparativa de datos y de eficiencia de las acciones que se aplican. En quinto lugar, al revisar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2018 (Inegi), podemos descubrir que, en promedio, en los estados con DAVG, los índices de no denuncia de delitos son del 93.2%, ese porcentaje incluye los delitos contra las mujeres y que, de haberse denunciado, tal vez hubieran servido para prevenir otro delito mayor, como el de feminicidio. En sexto lugar y peor aún que los anteriores, es el problema de la impunidad, porque al revisar los datos de personas que han sido procesadas por delitos de feminicidios, por lo menos en lo que respecta al 2017, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (Inegi), hay cero detenidos.

A estos factores hay que sumar el de la falta de presupuesto para impulsar las políticas públicas eficientes que enfrenten esta problemática; según datos de la Conavim, en este año sólo se están ejerciendo 108 millones 022 mil 407. 54 pesos para 16 entidades con DAVG. Los montos para ejercer en cada entidad van de 1.5 a 15 millones de pesos, si revisamos las acciones que tienen que realizar los gobiernos locales para superar la alerta, nos daríamos cuenta que ese recurso no significa nada comparado con semejante reto.

 

 

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