Así se encuentra México en el tema de seguridad y justicia

La inseguridad en el país continúa a diario y los mecanismos de justicia siguen sin operar correctamente 

Por Vanessa Solis 

Ciudad de México.- Pese a los intentos del Gobierno mexicano la inseguridad en México continúa recrudeciéndose a diario y los mecanismos de justicia del país siguen sin poder operar completamente. 

De acuerdo con datos difundidos por México Evalúa, más del 90% de los habitantes de las ciudades de Reynosa, Fresnillo, Cancún, Ecatepec, Coatzacoalcos y las zonas norte y oriente de la Ciudad de México se sienten inseguros de vivir allí; mientras que la media nacional es de 76%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2018.

En tanto, Estado de México y Veracruz son las entidades que reportan el mayor número de presuntos feminicidios en lo que va del año con 36 casos cada uno, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además 5 de los 10 municipios urbanos con las tasas más altas de homicidios dolosos en 2018 se encuentran en el estado de Guerrero: Zihuatanejo (58.3 delitos de homicidios por cada 100 mil habitantes), Acapulco (52.0), Iguala (50.7), Chilpancingo (47.0) y Chilapa (38.6).

Mientras que en Cancún, Quintana Roo, en lo que va del 2018 ha crecido 117% la tasa de homicidios dolosos, ello respecto al periodo de enero a junio del año anterior: pasó de 11.5 a 25.0 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Como si no fueran poco todas estas cifras de inseguridad en el país, los datos en materia de justicia no son nada alentadores para los ciudadanos. 

Pues de acuerdo con el informe Hallazgos 2017 Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal de México, de la organización México Evalúa, el Sistema de Justicia Penal no funciona como debería pues la implementación y consolidación está lejos de haber concluido. 

El reporte señala que 75% de las entidades federativas iniciaron su tránsito de procuradurías a fiscalías. Sin embargo, el proceso de transformación institucional ha despertado más interrogantes que certezas, al advertir múltiples cambios de marcos normativos, modificaciones menores en el diseño organizacional y escasos modelos de gestión operando que, en suma, se traducen en pocos o casi nulos cambios reales en cuanto a prácticas y resultados.

Además 4 procesos de transición de procuradurías a fiscalías de los 24 que han sido iniciados en las entidades del país no cumplen con ningún criterio de autonomía; 5 cumplen solo con uno; y 13 cumplen con ambos.

Y 957 funcionarios fungen como asesores de víctimas a nivel nacional, lo que equivale a sólo el 23% de lo establecido como requerimiento mínimo en la Ley General de Víctimas para 2016. Lo anterior implica que para atender a un estimado de 24.2 millones de víctimas mayores de 18 años  en 2017, cada asesor hubiera tenido que brindar acompañamiento a un aproximado de 25 mil víctimas.

Cabe resaltar que 473 solicitudes de información a nivel local fueron enviadas para elaborar el estudio Hallazgos 2017: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México. De éstas, el 86.5%  obtuvo algún tipo de respuesta.

Por ello la organización ha llamado al próximo gobierno a retomar la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio como un problema público prioritario.

vsv

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