Busca Perú a mexicano para que responda por caso Odebrecht

Ruperto Luis Antonio Flores Mancera es acusado  de pertenecer al Club de la Construcción, una organización que se repartió contratos de obra pública en Perú

Redacción: Mathieu Tourliere/Apro

Perú Lima.- La investigación sobre la red de sobornos operada por la empresa brasileña Odebrecht en América Latina y África ya desembocó en una orden de aprehensión en contra de un empresario mexicano. Pero ese requerimiento no viene de México –donde las autoridades de justicia se hacen de la vista gorda respecto de la investigación del caso–, sino de Perú.

El imputado es Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como Gerente País de la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) en Perú, y a quien la justicia peruana busca por pertenecer al llamado Club de la Construcción, una organización delincuencial que se repartió contratos de obra pública en el país sudamericano entre 2011 y 2014 a cambio de sobornos.

La justicia del país andino no busca a Flores Mancera por su papel en ICA, sino porque testigos lo señalaron como representante legal de la empresa de origen español San Martín Contratistas Generales.

Flores Mancera es el único foráneo –con carnet de extranjería número 000880925, según el documento consultado por Proceso– entre las 18 personas que la juez María de los Ángeles Álvarez Camacho incluyó en su orden de allanamiento judicial emitida el pasado viernes 5.

El expediente que involucra a Flores Mancera –derivado de una investigación por Tráfico de Influencias y Lavado de Activos– fue abierto en el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el equivalente peruano del Sistema Nacional Anticorrupción que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó en México en julio pasado y que todavía no tiene quién lo encabece.

Al desenredar el caso Lava Jato, las autoridades peruanas descubrieron que el pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública no era una práctica exclusiva de Odebrecht, sino que las empresas constructoras más importantes de Perú constituyeron una verdadera organización delictiva para repartirse el mercado.

Exempleados de Odebrecht –llamados “colaboradores eficaces”– declararon ante la fiscalía que el Club de la Construcción tenía una estrategia bien aceitada, la cual funcionó por lo menos entre 2011 y 2014.

Los representantes de las empresas constructoras se reunían de manera periódica en el bar del Swissotel, el restaurante Balthazar y en las oficinas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) para acordar a qué empresa beneficiar con contratos de obra pública.

Después del acuerdo, la firma pagaba 2.92% de la obra a Carlos Eugenio García Alcázar –quien fue asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 2 de septiembre de 2011 y el 2 de julio de 2014 –  por medio de su representante, Rodolfo Edgardo Prialé de Peña.

García Alcázar, a su vez, realizaba el “cabildeo” –es decir, pagaba un soborno– con algún funcionario del MTC, quien “se encargaba de operativizar” en la dependencia el otorgamiento del contrato a la empresa ganadora.

En Perú, las investigaciones derivadas de la red de sobornos operada por Odebrecht alcanzaron a las más altas esferas del poder. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, la opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, entre otros, fueron señalados por recibir dinero de la empresa brasileña en las últimas décadas.

En México, las autoridades ya no dieron información sobre el avance de la investigación del caso Odebrecht desde la renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 16 de octubre, y el despido, días después, de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

fhv

 

 

 

 

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