Necesario rediseñar marco jurídico en materia de violencia política de género

Enrique Serna

Noticias Mx.- La Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams, considera necesario un replanteamiento en orden jurídico de nuestro país, para prevenir la violencia política de género; para lo que consideró necesario, conformar una legislación en la materia que se armonice de manera sistemática y transversal en los diversos ordenamientos jurídicos.

Durante su participación en el foro nacional, “Enfrentando la violencia política contra las mujeres para garantizar la #ParidadEnTodo”, Williams Salazar dijo que la violencia contra mujeres es un fenómeno arraigado en la vida pública y privada de la sociedad, que deriva en afectaciones psicológicas, simbólicas, laborales y económicas; lo que impide que los procesos democráticos se consoliden.

 

 

La Consejera, se manifestó a favor de legislar en torno a la violencia política contra las mujeres, y de incluir principios jurídicos, además de clarificar y otorgar certeza a la descripción de los elementos configurativos de dicha conducta, con el objeto de inhibirlas desde múltiples instancias; para ello, propuso retomar la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, y consecuentemente fortalecer la inclusión de las mujeres en los asuntos públicos y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

La coyuntura actual, explicó en un documento, “resulta oportuna para rediseñar el catálogo de conductas sancionables, así como establecer obligaciones para los institutos políticos, las autoridades del Estado mexicano y las candidaturas, y construir así, los escenarios que permitan garantizar el trato en igualdad de condiciones durante los comicios”. 

En caso de acreditarse conductas discriminatorias por razones de género, la abogada propuso que se sancione con la inhabilitación para contender a un cargo o puesto de elección popular hasta por dos procesos electorales; y si la agresión proviene de un servidor público, la inhabilitación del cargo; además de la reparación del daño que implique no repetir la conducta y la aplicación de medidas educativas.

krc

 

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