En defensa de la autonomia universitaria / En opinión de John Ackerman

Redacción MX Político.- En semanas recientes algunos diputados locales en los estados de Hidalgo y Baja California Sur han presentado iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de sus universidades públicas estatales que parecieran tener buenas intenciones. En principio, buscan fortalecer la transparencia, la institucionalidad y la participación democrática de las casas de estudio.

Sin embargo, estas iniciativas carecen de legitimidad, al ser presentadas de manera unilateral por un puñado de representantes populares al margen de las comunidades universitarias correspondientes. Las leyes orgánicas de las universidades públicas tienen un carácter especial ya que regulan el funcionamiento interno de espacios académicos de enorme riqueza, pluralidad y diversidad cuyas coordenadas no corresponden necesariamente a las de la política electoral.

La lucha partidista por el poder gubernamental es perfectamente legítima y las mayorías legislativas cuentan desde luego con un mandato popular para actuar y cumplir con sus promesas y compromisos.

Sin embargo, las universidades también cuentan con sus propios procesos deliberativos y de participación que deben ser respetados. Es un sinsentido, para decir lo menos, intentar imponer una particular visión de democracia universitaria de manera unilateral, desde fuera y a partir de la visión de una sola expresión política.

Este tipo de acciones de intervencionismo se parece a la promoción de la “democracia” en Venezuela por Donald Trump a partir del reconocimiento de un líder espurio y golpista como Juan Guaidó. Cuando una comunidad política impone su idea de democracia a otra el resultado es casi siempre un desastre. Los procesos de democratización deben ser internos, participativos y orgánicos o simplemente no son procesos democratizadores sino de intervención.

Haría falta entonces una especie de “Doctrina Estrada” de los poderes legislativos hacia las universidades autónomas en todo el país.

Las relaciones entre las naciones evidentemente tienen un carácter diferente a las relaciones entre los poderes legislativos y las universidades públicas. Por ejemplo, los poderes legislativos deben autorizar los presupuestos para los centros educativos. Sin embargo, es un grave error confundir esta facultad constitucional con un poder de autoridad jerárquica de los congresos sobre las universidades.

Así como los poderes ejecutivos deben respetar plenamente la autonomía universitaria, evitando, por ejemplo, el ingreso de policías al campus o la intromisión en los planes de estudio, los poderes legislativos también deben respetar esta misma autonomía evitando el chantaje presupuestal. El respeto al derecho ajeno es la paz.

John Ackerman 

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